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ALEJANDRO LERROUX, MARIANO RAJOY

viernes 05 de diciembre de 2014, 13:03h
Este artículo de Luis María Anson publicado en El Mundo ha tenido amplia repercusión en las...

Este artículo de Luis María Anson publicado en El Mundo ha tenido amplia repercusión en las redes sociales. Lo reproducimos a continuación para conocimiento de los lectores de El Imparcial.

En octubre de 1934, Luis Companys no proclamó la independencia sino el Estado catalán dentro de la República federal española. Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno de la II República, que presidía Alcalá Zamora, declaró el estado de guerra, desbarató la maniobra secesionista, ordenó al general Baset que tomara el palacio de la Generalidad y encarceló a Companys y a sus principales consejeros en el buque Uruguay. Alcalá Zamora era un político moderado. Alejandro Lerroux estaba en la línea del centro izquierda, si bien en su juventud fue el célebre “emperador del Paralelo”. En su etapa más izquierdista llegó a proclamar: “Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. Entrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para purificar la infame organización social. No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. Destruid la Iglesia. Luchad, matad”.

El presidente del Gobierno de la II República liquidó la aventura secesionista de Companys, con el estado de guerra y el encarcelamiento de los líderes del soberanismo. Mariano Rajoy presidente del Gobierno de la Monarquía parlamentaria, ha tomado, aunque tarde, las medidas adecuadas conforme a la nueva situación española y ha descargado el Estado de Derecho sobre el responsable del órdago secesionista. El Tribunal Constitucional ha intervenido en dos ocasiones y la maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha contra los que presuntamente se han situado fuera de la ley. Ni se ha proclamado el estado de guerra ni se ha encarcelado por orden gubernativa a los líderes de la maniobra secesionista. En su día, si se incrementara el desafío secesionista, el Gobierno de España puede aplicar el artículo 155 de la Constitución y, en su caso, el artículo 8, con los militares siempre a las órdenes del poder civil que emana de la voluntad general libremente expresada.

Como la política de altura consiste en prevenir y no en curar, está claro que Mariano Rajoy debió negociar desde enero de 2012 para evitar que ocurriera lo que ha ocurrido. No supo o no quiso hacerlo porque Pedro Arriola le convenció de que lo mejor era no hacer nada porque el tiempo arregla todas las cosas. ¡Qué error, que inmenso error! Aparte de poner en marcha la maquinaria de la Justicia, parece claro que es necesario abrir una negociación que permita cicatrizar la herida abierta en el cuerpo social de España. La solución razonable seguramente pasa por lo que algunos venimos propugnando desde hace diez años: la reforma constitucional, con la incorporación al régimen de las nuevas generaciones, divorciadas del sistema, dando solución además a la crítica situación catalana. El artículo que publicó el primer número de elimparcial.es, el periódico de referencia de la Fundación Ortega-Marañón, el 21 de enero de 2008, se titulaba Reforma constitucional.