EpC: Todo vale menos el consenso

La anterior legislatura dio a la luz la enésima Ley de Educación aprobada sin el imprescindible consenso. Una vez más, el artículo 27 de la Consituticón ofreció muestras evidentes de estar gafado. Como las viejas leyes electorales de nuestro convulsionado siglo XIX, las educativas de fines del XX y comienzos del XXI son fruto del Gobierno de turno que abomina de buscar lo común y prefiere imponer su modelo y, por tanto, su propia Ley. Como las cuatro anteriores leyes educativas que, desde 1980, se han sucedido a ritmo vertiginoso, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -conocida como LOE (apenas quedan ya acrónimos tras la LODE, LOGSE, LOECE y compañía)- vuelve a caer en la trampa, aunque de nuevo el perdedor es el mismo: la sociedad española que no logra comprender las verdaderas razones del derribo de la anterior. Da la impresión que a los pedagogos (?) de turno les encanta diseñar nuevas programaciones educativas, nuevos proyectos curriculares, nuevos contenidos, nuevos criterios de calificación. Les importa poco crear confusión en el alumnado, generar incertidumbre en el profesorado o en las familias. Se les llena la boca de frases huecas sobre la calidad de la educación y la sociedad del conocimiento, sobre el “reto prioritario” de la educación “para desarrollar al máximo las capacidades y conformar la identidad personal”, pero seguimos en el furgón de cola. No estaría de más que hicieran caso al ministro Corbacho que ha afirmado que no está para hacer leyes sino reformas. Y aunque no lo ha dicho, mejor si lo son con consenso. De una vez por todas.

Sin duda el punto neurálgico del debate político y social sobre la Ley Orgánica de la Educación (LOE) ha sido la implantación de la asignatura obligatoria de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” y de la “Educación Cívico Ética” en determinados cursos de la Enseñanza Primaria y de la ESO. El Preámbulo de la LOE es un dechado de lugares comunes de convencionalismos, de tópicos, de pura semántica. Con un lenguaje farragoso y aburrido, el Preámbulo justifica la implantación de la EpC como si con la misma se solucionaran todos los males de la educación en valores de nuestros jóvenes. Seguro que habrá un antes y un después y que en pocos años la juventud española será un ejemplo de la interiorización de los valores que son patrimonio común de las sociedades civilizadas, los que denominamos valores cívicos en el sentido romano del término.

Al leer los correspondientes Decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas de la Primaria y de la ESO hemos comprobado la falta de la más mínima imaginación de sus autores. Cuando se determinan los contenidos relativos a la EpC en los diferentes niveles, nos sorprende la irrefrenable tendencia a su reiteración de manera que no cabe, salvo imaginación desbordante del profesor de turno, percibir la singularidad o especificidad de cada curso. En todos se repiten las mismas cantinelas.

Ha habido, por el momento, sentencias para todos los gustos. Las espadas siguen en alto y, al final, la última palabra nos la ofrecerá el Tribunal Supremo. Lo importante parece ser que es “mantenella y no enmendalla”; anclarse cada uno en su posición. Judicializar la educación es un craso error. Pero no estamos seguros que lo comentan los recurrentes. Quien genera tensión o crispación en la materia es quien olvida que su posición le obliga a la generosidad, a escuchar al discrepante y a consensuar. El Gobierno deberá emplear menos energías en estudiar la interposición de recursos contra sentencias que no le gusten y más en buscar puntos de encuentro. No perdamos la esperanza, ¿o sí?