La Argentina –en medio de otros serios problemas- vive hoy día un crisis político de sucesión. Cuando el matrimonio gobernante proyectó una larga diarquía no previó que por circunstancias no previstas lamentablemente falleciera el socio principal. Un modelo político diseñado para un jefe no puede resolver fuera de los lazos de fidelidad el problema sucesorio. Los negativos resultados electorales del 2011 condenaron los intentos reeleccionistas y el gobierno no logra solucionar el problema sucesorio y complica cada vez más, institucional y económicamente el camino a los que vengan. En medio de eso estalla otro hecho producto de la utilización oficial de los organismo que debían ocuparse de las amenazas externas cuando, tras alentarlos a colaborar en la búsqueda de los culpables del mayor atentado terrorista que ocurrió en el país (la AMIA) se produjo –por solidaridad bolivariana y desengañados de un eventual apoyo de occidente- un cambio de 180 grados en la investigación. El inconstitucional e insólito memorándum con Irán que le daba intervención en la investigación local produjo la reacción del fiscal, y de los que colaboraron con él en esa pista, que sorprendió con una denuncia que, aunque le falten sólidos elementos de prueba, tuvo un impacto político de proporciones. La muerte del acusador –suicido o asesinato- agrega una nueva dimensión siniestra a la ya antigua tragedia de un atentado terrorista no resuelto y los próximos meses serán cada vez más difíciles en medio de una campaña electoral. Contradicciones, idas y vueltas forman parte de una investigación que tiene pocas probabilidades de obtener certeza pero independiente del hecho judicial hay una sensación de que en el país se ha vuelto a horas difíciles.
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