Vaya revuelo el que se ha formado porque un juez ha llamado a declarar como imputados a Chaves y Griñán. Pero si ya se esperaba. Antes o después, todo el mundo medianamente informado sabía que esto iba a ser así. Lo que uno no acaba de entender es que el PSOE se metiera en el jardín de asegurar que “todo imputado deberá abandonar su cargo” si podía intuir que dos personalidades relevantes del partido podían encontrarse en esa tesitura. Claro, después aquello de “donde dije digo…”.
Podemos coincidir todos –o casi todos– en que estar imputado no significa ser culpable y que, por tanto, no hay una obligación moral o ética de abandonar el cargo público que se representa. Cuántas veces hemos visto imputados inocentes… Si es así hasta en el propio partido socialista, que ahora dice que el matiz está en que para dejar el puesto se debe estar “imputado por un delito”, ¿por qué lo dijeron entonces, porque era lo que quedaba bien de cara a la galería, porque interesaba? Susana Díaz y Pedro Sánchez, digan lo que quieran decir ahora, son víctimas de sus propias palabras.
Prueba de ello es el tremendo lío que hay a cuenta del tan denostado Código Ético del PSOE y las órdenes directas de Pedro Sánchez, que tan loco van a volver al pobre portavoz Antonio Hernando. No es de recibo que se vayan cambiando las normas según se vayan desarrollando determinados acontecimientos. La triste realidad –y va por todos los partidos políticos– es que se hace un exagerado caso a la paja en ojo ajeno y solo se dan cuenta de la viga en el propio cuando es tarde o lo dice un juez. Cuánto daño está haciendo, también a los propios, las ansias por inundar todo ámbito de un “políticamente correcto” progresismo.
No parece mala idea que un juez pregunte a dos ex presidentes de un gobierno autonómico si conocían, permitieron, idearon, organizaron e, incluso, institucionalizaron durante diez años un sistema para burlar controles y dar EREs a discreción por medio del sistema del fondo de reptiles. Tampoco parece mal que se les pregunte tanto a Chaves como a Griñán si conocían y leyeron los informes del interventor que, en repetidas ocasiones, avisó de que las cosas no se estaban haciendo de la forma correcta.
Bueno será conocer todos los detalles, también desde el punto de vista del que mandaba en todo, para sacar conclusiones en un caso de tanta trascendencia. Aunque solo sea por recordar su importancia, el montante de lo defraudado y desviado, a día de hoy, veremos si aumenta a medida que se vayan descubriendo otros pormenores, asciende a más de 850 millones de euros.
Al final, será el juez el que decida, pero no está de más ir avisando al personal ávido de sangre –mejor si es la del rival– de que una cosa serán las responsabilidades políticas, que probablemente las haya, y otra muy distinta la responsabilidad penal, que habrá que demostrar si la hay o no.
Y digo yo: ¿Cuánto entorpecen las imputaciones de Chaves y Griñán los planes de Susana Díaz? ¿Perjudican mucho de cara a los comicios andaluces, primero, y a la elección de candidato a La Moncloa, después? Por otra parte, ¿habrá algún día consenso para no utilizar como arma política la simple imputación de un cargo público?
Es de imaginar que todo dependerá de los resultados de la investigación, de lo que se averigüe, de si queda probado que se desvió mucho dinero para comprar lealtades, para amigos y afines al partido. Nadie sabe si será casualidad el momento para que salga a la palestra, de nuevo, todo el caso de los ERE en Andalucía y las imputaciones a dos peces gordos del PSOE justo ahora, pero Susana Díaz se la juega.
Aunque la vista oral será después de las elecciones, es seguro que se producirán antes de las primarias del partido para elegir candidato a las generales, a finales de julio. El juez Alberto Jorge Barreiro, tras escuchar a los dos ex presidentes andaluces y a los consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, puede imputar, esta vez sí, “con delito” a alguno de ellos, circunstancia que podría afectar de forma importante a los planes de Díaz en su carrera por ser la elegida.
Así pues, la lideresa andaluza tendrá que gestionar sus cuitas con la justicia y con Pedro Sánchez a cuenta de los “investigados”, como propone el ministro Catalá, pero sería de agradecer, que los partidos con responsabilidades de Gobierno lleguen a un acuerdo sobre cuándo y en qué punto de un proceso judicial se debe dimitir y así ahorrarnos al común de los mortales los bochornosos espectáculos que suponen las declaraciones políticas de ida y vuelta por ver quién tiene los corruptos más gordos.
¿Qué tal si centramos de una vez el debate político en eso, en la política, y empezamos a olvidarnos de los corruptos? A esos, qué los meta en la cárcel el juez.
Si (
No(
