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TRIBUNA

Queremos ser Dinamarca

jueves 26 de febrero de 2015, 19:52h

Hace unos años el autor del renombrado ensayo ¿El fin de la historia?, Francis Fukuyama, planteó como reto para los países desarrollados “llegar a ser Dinamarca”, o, lo que es lo mismo, encontrar el camino para conformar una democracia liberal al mismo tiempo próspera y bien gobernada. Nos lo recordaba un crítico de El Cultural. Para definir esos amplios conceptos Fukuyama acudió a quien considera su maestro, Samuel Huntington, para concluir que lo más importante para el orden político son las instituciones y que, en particular, la democracia liberal descansa sobre un delicado equilibrio entre tres elementos esenciales: responsabilidad política, un Estado fuerte y eficaz y el que llama “sistema de Derecho”.

La responsabilidad es consecuencia de la investidura directa o indirecta de los gobernantes y representantes por parte de los ciudadanos y requiere mecanismos que obliguen a los políticos y a los partidos a rendir cuentas, lo que no solamente significa la celebración regular y periódica de elecciones libres, limpias y transparentes sino también la previsión de medios de control y fiscalización ágiles y no endogámicos. Pero la democracia liberal necesita también de un Estado fuerte y eficaz, lo que es tanto como un Gobierno central capaz de llevar las cosas a buen término y unas instituciones prestigiadas, reconocidas, valoradas por la ciudadanía por su competencia, y por la capacidad e independencia de sus servidores. En fin, la democracia liberal se funda inescendiblemente en el Estado de Derecho no como Estado en el que se acumulan las normas, sino como un Estado en el que el Derecho se cumple y se hace cumplir de modo igual para todos sin prerrogativas exorbitantes para las Administraciones, velando por ello un Poder Judicial independiente.

En su última obra, Political order and political decay, Fukuyama da un paso más y señala que la decadencia de los sistemas políticos se produce cuando las viejas estructuras institucionales no logran evolucionar para responder a las necesidades de un mundo en transformación. El hecho de que un sistema haya sido alguna vez una democracia liberal estable y eficaz “no significa que lo vaya a ser indefinidamente”. Desde luego en el estadio actual de la humanidad la democracia liberal es el único sistema que puede garantizar la prosperidad y el buen gobierno, pero no lo es menos que corre peligro de anquilosarse y a menos que sea capaz de autoreformarse para afianzarse y consolidarse puede ser arrastrada por la decadencia institucional.

Es un hecho incontestable que, ya hablando de España, la confianza en las instituciones alumbrada tras nuestra ejemplar transición se ha mutado en una desconfianza generalizada y profunda hacia las mismas que son contempladas como meras prolongaciones de los dominadores partidos políticos que se reparten los despojos de las mismas como si fueran de su propiedad. Ahora bien, esa falta de confianza hacia las instituciones lo que refleja es la desconfianza hacia quienes las utilizan pero también hacia quienes las sirven en cuanto que las agencias de colocación sitúan en las mismas a fieles servidores más a que los más capaces y con más competentes credenciales. En otras palabras, la desconfianza generalizada no se manifiesta hacia unos u otros dirigentes sino hacia los “políticos” en general, sin nombres y apellidos concretos. Unida esta evaluación compartida por la inmensa mayoría con el entendimiento de que instituciones y políticos se encuentran muy alejados de los problemas de la vida corriente de los ciudadanos, se produce una explosiva consecuencia final: el distanciamiento, la pérdida de interés, la desconexión con las cosas de la res pública, lo que comporta que los ciudadanos se alejan del sistema que entienden no les integra o no les ofrece cauces adecuados para integrarse y participar en el proceso político.

Habrán algunos de ponerse las pilas.

Enrique Arnaldo

Catedrático y Abogado

ENRIQUE ARNALDO es Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado. Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial

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