Iglesias asegura que el decreto ley de abastecimiento de agua ya no tiene sentido

Iglesias ha hecho estas declaraciones tras decidir el Gobierno aragonés recurrir ante los tribunales de lo contencioso administrativo todos los actos que tengan que ver con el decreto de abastecimiento a Barcelona con agua del Ebro, así como el decreto de la Sequía de la Generalidad de Cataluña, por entender que éste modifica de forma subjetiva la necesidad del trasvase.

Las últimas lluvias, ha declarado Iglesias a Radio Zaragoza de la Cadena Ser, han hecho que se acabe esta situación de excepcionalidad en Cataluña y, por lo tanto, "el decreto no puede estar en vigor, y las obras que no han empezado no pueden empezar".

A su juicio, aunque no lloviera más, el abastecimiento está garantizado ya para nueve meses con los 300 hectómetros cúbicos que tendrán mañana los pantanos que abastecen a Barcelona, que sumados a los que acumularán durante los próximos cuarenta días hacen que haya "agua bastante" para llegar a la entrada en servicio de la desaladora de El Prat, en verano de 2009.

Esta infraestructura, ha señalado, aportará cinco hectómetros cúbicos mensuales, por encima de los 3,9 en los que está fijado el déficit mensual por la propia Generalidad de Cataluña.

Por ello, espera que haya una decisión política de derogar el decreto por parte del Gobierno central antes de que tengan que ser los tribunales quienes decidan.

Iglesias, ante la posición de la Generalidad de Cataluña de seguir apostando por construir la tubería hasta Barcelona, ha recordado que el Gobierno aragonés siempre ha defendido que los trasvases "generan más problemas de los que resuelven" y que él mismo ha ido a manifestaciones contra los trasvases "de la mano" de algunos de quienes defienden las transferencias de caudales.

Además, sobre la posibilidad de que al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez, no le guste el enfrentamiento entre Iglesias y el presidente catalán, el también socialista José Montilla, el jefe del Ejecutivo aragonés apuntó que su obligación "no es agradar" a Zapatero, sino defender los "intereses generales" de Aragón.