Cortoplacismo fiscal

Una de las medidas más polémicas adoptadas por el Gobierno, y en particular por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es la regularización fiscal de los fondos opacos a Hacienda. Regularización o amnistía, tómese como se quiera. Gran parte de la política consiste en la selección léxica, pero la realidad es la misma. El Gobierno le da la oportunidad a quienes han ocultado parte de sus fondos a poner en claro su situación, a cambio de una fracción de lo que, de otro modo, tendrían que pagar si el fisco español desvelase lo escondido.

El objetivo de esta medida, como todas las anteriores y futuras de la misma índole, es obtener fondos en el momento, para atender necesidades en principio urgentes. Tenemos que recordar cuál era la situación cuando el gobierno arbitró esta medida. Corría el año 2012, y se elaboraban los presupuestos para el ejercicio siguiente. El déficit era la principal preocupación, pues de él dependía la posibilidad de que nuestra economía fuera rescatada. Hoy el contexto económico y las prioridades de la Unión Europea han cambiado, pero entonces era una cuestión que se veía en las sedes de los gobiernos europeos como un asunto vital.

La urgencia del momento hizo olvidar los argumentos que utilizaron los dirigentes populares, y el mismo Cristóbal Montoro, para criticar la amnistía de Carlos Solchaga, en 1991. Miguel Boyer, el primer ministro de Economía del PSOE, también aprobó una en 1985. Esos argumentos, que hoy utilizan los socialistas, son tan válidos como cuando se hicieron décadas antes. Si los contribuyentes llegan a la conclusión de que con el tiempo habrá más amnistías fiscales, tendrán grandes incentivos para esconder sus ingresos, y esperar a que se produzca el siguiente perdón para sacarlos a la luz. Además, es injusto para quienes cumplen con la ley y pagan todos los impuestos que les toca. Tiene, en definitiva, un efecto que puede llegar a ser devastador. Se puede llegar a la situación de Argentina, que ha aprobado dos amnistías en el plazo de sólo cuatro años, 2009 y 2013, y nada hace pensar que renunciarán a una más.

El objetivo de aumentar los ingresos a corto plazo rompe las barreras ideológicas, como lo demuestra el hecho de que un Ejecutivo de signo muy diferente, el griego de Syriza, también ha aprobado una amnistía como la española. Los cambios en las posiciones de populares y socialistas, y el hecho de que Syriza recurra a la misma medida, demuestra que el cortoplacismo de los políticos va más allá de los convencionalismos sobre la izquierda y la derecha.

Dicho esto, la administración tributaria es una agencia del Estado, que no un servicio de inteligencia del ejecutivo: la imparcialidad y confidencialidad son esenciales. Una manipulación sesgada y politizada de la información fiscal es un atentado gravísimo al estado de derecho y, en manos arbitrarias del gobierno, de cualquier gobierno, no importa su signo político, un instrumento de tiranía.