Teorías sobre el buen gobierno

España comparte muchos problemas con el Reino Unido, por ejemplo el de la creciente desafección por la política de los ciudadanos, que puede obedecer en ambos países a parecidas causas. Seguro que en los dos casos los políticos se ven, cualquiera sea el partido al que pertenezcan, como poco fiables, egoístas y alejados de aquellos a los que representan ; y la función de gobernar aparece progresivamente más compleja, sin margen para la diferencia, con el ámbito público invadido por prácticas obedientes a la lógica del mercado y con unos políticos más representativos de intereses corporativos multinacionales que de los ciudadanos. No es extraño, entonces, que muchos ciudadanos se desentiendan de la política y no estén dispuestos a dedicar esfuerzo y tiempo para discurrir sobre las cuestiones públicas.

Si estamos de acuerdo con la pertinencia de este planteamiento, que formula Andrew Gamble en el último número del TLS(Times Literary Supplement), también para la situación política española, seguiremos con interés las propuestas de nuevo gobierno que se encuentran en tres monografías recientemente aparecidas en Inglaterra. En primer lugar, el libro de Michael Barber, Cómo gobernar para beneficio de los ciudadanos y sin que los contribuyentes acaben locos, es un manual tecnocrático que prescinde de la ideología y radica el arte de gobernar en la capacidad de proponer objetivos plausibles para el conjunto de la comunidad, determinando los medios adecuados para su consecución. El aspecto clave es la rendición de cuentas, para lo que resulta imprescindible el manejo adecuado de la información. “La recolección de datos es crucial para realización de la política, que no puede verificarse sin el continuo aprendizaje y redefinición de instrumentos y objetivos. Sin información sobre el comportamiento de los diferentes servicios y unidades no puede haber transparencia y fallará la presión para la elevación de los standards de exigencia”. No hay, piensa Barber, contradicción entre estados y mercados: la función de los estados es precisamente ayudar a comportarse mejor a los mercados, cuyo control les corresponde, por no hablar de su contribución a la legitimación del orden social.

La objeción a este enfoque del gobierno la ve acertadamente Gamble en el hecho de que muchas de las propuestas en que consiste son conocidas por los actuales gobernantes, sin que hayan disminuido la insatisfacción de los ciudadanos, que creen que las condiciones en que desarrollan sus vidas han sufrido un retroceso. Los políticos prometen; pero lo ciudadanos no reciben nada. “El resultado es un ciclo de expectativas aumentadas, seguido de la desilusión y la decepción”.

En cambio en el libro de Vicky Pryce, Andy Ross y Peter Unwin, Se trata de la economía estúpido, las oportunidades de regeneración del sistema político se hacen depender de la mejora de información del votante, que debe ser instruido para que decida por si mismo si los gobiernos lo hacen bien o mal. El ciudadano debe saber de las políticas públicas existentes, cuya evaluación requiere de un juicio económico sólidamente fundado. Pero no se trata de la economía de los modelos matemáticos abstractos, sino de la economía del mundo real, o sea, de la desigualdad, la discriminación, la salud, la inmigración o Europa; además de lo referente a la austeridad, el crecimiento o la productividad.

Gamble atribuye acertadamente ingenuidad a este planteamiento, que desconoce la habilidad de los políticos para trucar el marco en que los problemas se presentan. La verdad es que los mismos hechos se pueden presentar de diferente manera en función de los valores o creencias que se impongan. A menudo se trata de “la política, estúpido”, más que de la economía, porque la política prevalece sobre la economía; y la política democrática, frente al juicio de los expertos, aparece “como un teatro de mentiras y medias verdades, de evasión de la realidad y trampas.”

El tercer libro, por último, que Gamble analiza Cómo de corrupta es Gran Bretaña, editado por David Whyte, parece más convincente, tanto por la etiología de la crisis que señala, esto es, la apropiación por el sistema democrático de las prácticas de comportamiento del sector privado, como por el remedio que sugiere, a saber, protagonismo de la administración y poder judicial independientes en una democracia constitucional que recupera sus genuinos instrumentos de checks and balances. La corrupción puede verse como práctica concreta en la que se utiliza un cargo público para el beneficio particular de quien lo ocupa; o como sistema generalizado en el que el ámbito público se subvierte al servicio de los intereses privados. La corrupción sistemática sucede cuando los reguladores pertenecen al sector privado; hay una puerta giratoria (revolving door) entre el gobierno y los negocios; se da acceso preferente a los puestos de ministros y altos funcionarios a los ricos y los poderosos; evaden los impuestos los potentados; se ocultan los delitos por los funcionarios y se produce la implicación policial en las fuentes ilegales de información periodística. Todo ello refleja la subordinación de lo público a lo privado, que ha acontecido en Gran Bretaña sin descanso desde las reformas neoliberales de los años ochenta del pasado siglo.

Que el sistema no está condenado fatalmente se prueba por su capacidad para escandalizarse con la corrupción y publicitar los encubrimientos delictivos, exigiendo explicaciones a los políticos y otros agentes. La solución presumiblemente está en la recuperación del espíritu del servicio público, junto a una profundización radical del sistema democrático y la rectificación de muchas de las reformas neoliberales de los últimos treinta años. Pero queda espacio para insistir en la mejora del funcionamiento del sistema de los checks and balances, con un resalte de la imparcialidad del poder judicial; demandar una superior utilización a de los instrumentos de la transparencia; y requerir asimismo un incremento sustancial de los conocimientos públicos de los ciudadanos.