Cadena perpetua

El recibimiento del presidente Zapatero a los padres de la pequeña Mari Luz, para hacerle entrega de las firmas que habían recogido en pos de la cadena perpetua para los pederastas, es otro episodio más de la política de “puesta en escena” que tanto gusta a este Gobierno. Si tal encuentro hubiese tenido carácter privado, o no se le hubiese dado el tratamiento que ha recibido posteriormente, nada que objetar. Las especiales circunstancias que rodearon a la muerte de Mari Luz así lo aconsejaban. Un cúmulo de despropósitos judiciales hizo que un delincuente con antecedentes pudiese volver a perpetrar sus fechorías, con el resultado tristemente conocido. Desde el punto de vista de la opinión pública, el problema no es tanto de leyes como de su aplicación; esto es de que funcione la administración de justicia. Ya hemos señalado en estas páginas la contradicción de que el Estado moderno, que se inventó para satisfacer la demanda de Justicia, haya terminado en nuestros días por dedicarse a todo menos a prestar el servicio para aquello que le dio su origen y sentido.

Ha pasado ya tiempo tras el desgraciado suceso. El suficiente para que no se pueda hablar de “justicia en caliente”, ni de “medidas inoportunas”, expresiones habitualmente utilizadas por un sector progresista de la justicia que más parece decantarse por el reo que por las víctimas. Es el momento adecuado para poner sobre la mesa algo que refleja el sentir de una gran parte de la población, no ya en este tipo de delitos, sino muchos otros generadores de gran alarma social. La Constitución, en su artículo 25, prohíbe los trabajos forzados, y añade que las penas estarán orientadas a la reeducación del preso. Podría inferirse, en base a ello, que la cadena perpetua no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Sí lo tiene, y mucho, la mayor duración y cumplimiento efectivo de unas penas viciadas por el exceso de lenidad que caracteriza a nuestro Derecho Penal. Porque, si bien es cierto que nuestro sistema penitenciario ha de velar por la reinserción de los penados, no lo es menos que ha de primar sobre todo el derecho a la seguridad colectiva. Porque -ya nos enseñó hace tiempo Montesquieu- que “la libertad consiste en la seguridad”. Y el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad de individuos con especial peligrosidad, y cuya reeducación es prácticamente imposible. Son pocos, por fortuna, pero el daño que pueden hacer es enorme. Y ha de evitarse que vuelvan a hacerlo.