www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

TRIBUNA

Medios y opinión pública en España

martes 14 de julio de 2015, 20:13h
Repaso unas notas para mi intervención en un curso sobre medios y derecho en la Universidad Autónoma, que dirigen mis queridas colegas Clara Álvarez, Ana de Marcos y Alicia González Alonso. Según lo veo la reflexión puede llevarse a cabo en tres niveles. Podemos movernos en el nivel de la teoría constitucional; en el nivel de la realidad social; o finalmente en el nivel normativo, atendiendo a la regulación que en el estado constitucional español se ocupa de los mismos, y que no consideraré en esta oportunidad.

I-Por lo que hace al primer nivel, los medios -hablemos de la prensa escrita o la digital, la radio o la televisión- son un contribuyente fundamental a la formación de la opinión pública y desde ese punto de vista un integrante imprescindible de la sociedad democrática. Hay otros afluyentes a la opinión pública, entendiendo por tal la idea o actitud preferente en la comunidad sobre los asuntos de todos, como son los que se derivan del ejercicio de los derechos de participación o las libertades públicas, así el derecho de reunión o asociación o las diversas muestras de la libertad ideológica, pero los medios son un componente indefectible de la opinión.

Recordemos que sin opinión pública libre no hay democracia, pues la opinión constituye su elemento plebiscitario, de modo que el principio democrático tiene dos manifestaciones: el plano, pautado, regular y ordenado, de la organización del estado, a través de cuyos poderes se produce la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos; y otro plano informal o espontáneo que es el de la opinión. A la opinión pública, según la mejor teoría constitucional, le corresponden en democracia tres funciones: las dos primeras se refieren a su rendimiento, individual u objetivo, ya hablemos de la legitimación, pues el individuo, sintiéndose participante del consenso o la cultura constitucional, interviene en el plano simbólico de la integración; o de la eficacia, pues el sistema se refuerza objetivamente y los mandatos de las autoridades se aceptan más fácilmente si se corresponden con las demandas de la opinión.

La opinión publica cumpliría sobre todo, en tercer lugar, la función del control. Habría en la democracia dos tipos de control: un control interorgánico, de pesos y contrapesos entre los poderes del estado; y un control no institucional, preferentemente social, de carácter esencialmente no reglamentado que, como insinuábamos hace un momento, se desarrolla fuera de pautas o límites rígidamente establecidos.

La actuación de los medios en la democracia es inevitable, pues ella simplifica, tematiza y articula la opinión pública. Los medios sugieren los tópicos sobre los que se discute y presentan las alternativas de su tratamiento. Diríamos también que los individuos participan en el debate nacional a través de los medios, apoyando determinadas voces, pues las distintas cabeceras responden sin duda a las expectativas de resonancia. De algún modo, el mercado de los medios refleja la opinión pública, pues los soportes no relevantes acaban por desaparecer. Los medios, con todo, no son transmisores inocentes sino filtros ciertamente orientados ideológicamente, aunque su poder no puede ser exagerado, pues a su vez su influencia está condicionada, especialmente por grupos primarios que quizás son los que determinan las posiciones particulares y por la existencia de otros medios competidores que pueden producir cierta compensación.

II- Contra este modelo de los medios en una sociedad democrática habría que encarar la situación efectiva de los mismos en España. Lo que ocurre es que aquí la perspectiva del jurista no resulta la más adecuada, pues de lo que habría que hablar es del grado en que la prensa española cumple esas funciones que le corresponden en la teoría constitucional, así por ejemplo la de ser un cauce adecuado para la formación de la opinión pública. Podríamos, por supuesto, dar cuenta de las condiciones para cumplir esa función, cuestionándonos si está asegurada jurídicamente la libertad y el pluralismo de los medios. Al respecto no cabe duda de que estas condiciones se cumplen, en la medida que los medios carecen de trabas en el desempeño de su labor y no hay obstáculos a la creación de los soportes de comunicación. Pero ¿de verdad que la pluralidad de medios es suficiente, de modo que no quedan sectores de la opinión sin su cobertura correspondiente? Si la cuestión fuese saber si los medios cumplen de modo eficiente con su función de control, habría que atender a la cualificación profesional de quienes trabajan en los mismos, ¿es buena la calidad de nuestros medios? La competencia en el cumplimiento de las funciones atribuidas a los medios en una sociedad democrática no depende obviamente de limitaciones o exigencias jurídicas, sino sobre todo de los planteamientos de los propios profesionales estableciendo en su trabajo cánones de exigencia, probidad y laboriosidad. No puedo decir mucho sobre estas cuestiones; supongo que un diálogo entre las facultades de periodismo y los profesionales será de mucho interés a la hora de mejorar la formación de los periodistas.También supongo que los estatutos de las redacciones, asegurando la libertad interna de prensa e introduciendo la audiencia de los periodistas en la promoción y garantía de los puestos de trabajo merecería ser considerada.

Mi opinión sobre la situación de los medios españoles no es buena. Creo que en general tienden a apreciar en términos desorbitados su relieve público, quizás alentados por una jurisprudencia constitucional que ha conferido precipitadamente una posición preferente a la libertad de prensa, descuidando que también los otros derechos son imprescindibles en una sociedad democrática, y por ello disponen asimismo de un relieve institucional obvio. Desde esta perspectiva entiendo que el combate entre privacidad o derecho al honor y libertad de expresión tiene, de antemano y por término general, un claro perdedor. Entiendo, asimismo, que otros bienes constitucionales como el secreto del sumario o la presunción de inocencia no están suficientemente asegurados en la práctica periodística. Veo que la autocrítica o rectificación jamás se practica por los periodistas; en realidad es inconcebible.

Pero lo más preocupante es la situación de la prensa seria que tiene una alineación política indudable que contrasta con la posición de este tipo de medios en otros países. Nuestros periódicos siempre están en campaña, y carecen, de ordinario, de la objetividad en un grado asombroso. Es penoso que las informaciones y editoriales necesiten de un correctivo que rebaje su parcialidad y, muchas veces, sectarismo. No se cual es la causa de esto: quizás la difícil situación económica de los medios, agravada por la invasión de la prensa digital, les fuerza a buscar la audiencia a cualquier precio incurriendo en el sensacionalismo, la simplificación y el escándalo, ignorando la compensación que, al menos en otros países, tiene el periodismo de calidad, basado en la profesionalidad y la probidad. El periodismo de investigación es caro, pero los medios cada vez prescinden más de él, descansando en la opinión, breve y esquemática, sobre el análisis y la objetividad.

Creo que el correcto significado político de los medios es ignorado o tergiversado en su esencia, desconociéndose cabalmente su posición institucional en la democracia, y que cada vez más se tienden a ver como un instrumento de presión o de actuación directa en la escena pública. No es necesario poner ejemplos, pero en ese sentido la toma de posición en el debate soberanista catalán de un medio sobresaliente es bien expresiva de una politización que en otro país, y entre nosotros en otra situación, resultaría inconcebible.

Finalmente una nota sobre la publicidad institucional que juega un papel importante sobre todo en el mantenimiento de algunos medios de prensa regional en España. Sencillamen-te no debería existir. O es inútil, pues lo que hace el gobierno se expone en el parlamento, de modo que el altavoz adicional de la prensa sin contraste por la oposición no tiene justificación; o es propaganda que no tiene sentido alguno en un sistema en el que debe reconocerse la igualdad institucional de todas las fuerzas en el debate político sin posición preferente para nadie, mucho menos para el gobierno, por cuenta de quien se publica la propaganda institucional. Tambien carece de justificación la compra institucional de ejemplares de periódicos, a distribuir gratuitamente, por ejemplo en universidades, medios de transporte, etc. Representan una ayuda arbitraria a determinadas cabeceras, suponemos que a cambio de asegurar determinado comportamiento del medio, de manera privilegiada o, en todo caso, sin la transparencia debida. Ambas prácticas aberrantes suponen un derroche presupuestario intolerable.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (4)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.