El PP y la cuestión lingüística en Cataluña

Cada vez queda menos tiempo para las elecciones autonómicas catalanas, que entrañan un especial significado y en las que los partidos constitucionalistas no deben dejar ni un espacio para dar la batalla contra la delirante hoja de ruta secesionista de la Generalitat. En los últimos comicios municipales el Partido Popular no obtuvo precisamente unos resultados halagüeños y las intenciones de voto con vistas al 27 de septiembre tampoco son esperanzadoras. La formación de Mariano Rajoy decidió hace poco sustituir en la cúpula del PP catalán a Alicia Sánchez-Camacho por Xavier García Albiol. Pero no basta un mero cambio en el cartel electoral, sin ir acompañado de una autocrítica de las razones que están llevando a buena parte del electorado del PP a su alejamiento. Y, sin duda, una de las más potentes es la actitud del PP ante la cuestión lingüística en Cataluña.

De manera sistemática y con no poca arrogancia, la Generalitat viene haciendo caso omiso de todas las sentencias judiciales que le obligan a cumplir la ley en materia lingüística. El Gobierno de Artur Mas quiere imponer a toda costa a los escolares catalanes un torpe y reductor monolingüismo que atenta, no ya contra el castellano, que es un idioma en expansión que se defiende solo, sino contra los derechos individuales de los ciudadanos catalanes. En su ciego nacionalismo, la Generalitat impide a los padres el derecho a que a sus hijos no se les hurte el castellano en su educación. Y ante este acoso, el Gobierno del PP no ha actuado con la contundencia que exige tal atropello y le permite la ley, dejando pasar sin prácticamente respuesta los reiterados desacatados de la Generalitat a las sentencias del Tribunal Supremo, que incluso llamó la atención sobre el continuo incumplimiento del Ejecutivo catalán a sus dictámenes. Y los gobiernos juran o prometen cumplir la ley, pero también “hacerla cumplir”: no hacerlo, genera inseguridad jurídica.

El exministro de Educación, José Ignacio Wert, luchó contra esa situación y tomó la iniciativa, entre otras, de que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra las nomas de matriculación en los colegios catalanes dictadas por el Gobierno autonómico. Normas que vulneran la ley, poniendo todo tipo de trabas y subterfugios para impedir que los padres pidan que sus hijos reciban la educación en castellano. Asimismo, el exministro Wert diseñó, mediante la LOMCE, una medida de apoyo a la escolarización en castellano -aplicable en todas las Comunidades, pero con la vista puesta en Cataluña-, a la que en los pasados Presupuestos se destinó una partida de cinco millones de euros. Ahora, sin embargo, el proyecto de Presupuestos para 2016 ha reducido drásticamente esta partida, dejándola en un millón de euros. Algo que, como era previsible, ha sido saludado con alborozo por el nacionalismo e interpretado a su favor.

Más allá de las palabras y de la retórica, el Gobierno del PP debería dar un golpe de timón claro y eficaz para no seguir transigiendo con que la Generalitat se arrogue una patente de corso para no cumplir la ley. No puede ser que los desacatos de la Generalitat a los Tribunales en el asunto lingüístico no tengan la menor consecuencia. Muchos catalanes se sienten así desprotegidos y retiran su confianza al partido que sustenta al Gobierno que parece tolerarlo, cuando podría actuar, con todas las de la ley, para que no fuera así.