La UE buscará este martes el acuerdo sobre el reparto de refugiados

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) intentarán este martes aprobar por consenso el reparto de 120.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea (CE), así como el número concreto de demandantes de asilo que cada país está dispuesto a recibir en los próximos dos años.

El Ejecutivo comunitario había sugerido que del total de 120.000 refugiados a repartir, 54.000 procedieran de los centros de acogida de Hungría, 50.400 de Grecia y 15.600 de Italia, los tres países más afectados por la crisis.

Sin embargo, Hungría rechaza el sistema de reparto, pese a que estaba pensado para aliviar la situación en su propio país, porque considera que la solución reside en el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE. Ello obliga a replantear la distribución, puesto que ya no será uno de los tres países beneficiarios de la medida.

Los Veintiocho barajan dos posibilidades: que esas 54.000 personas en lugar de salir de los centros de recepción de Hungría procedan de los de Grecia e Italia, o bien crear una reserva con 54.000 plazas para demandantes de asilo sin concretar de qué país vendrían.

El riesgo de crear una reserva sin concretar qué países podrían usarla es que finalmente se pierdan esas 54.000 plazas para demandantes de asilo, por lo que la medida de la CE no beneficiaría a 120.000 personas sino solamente a 66.000.

En cuanto a las cuotas por países, fuentes comunitarias aseguraron que los compromisos de los Veintiocho sí permitirían llegar a ese total de 120.000 refugiados y serían similares a los que propuso el Ejecutivo comunitario. A España, por ejemplo, le correspondían 14.931 personas del total, según el reparto planteado por Bruselas, una cifra que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que puede aceptar.

El Consejo de la UE también valora hacer cambios a la vía de no participación durante un año en el reparto sugerido por Bruselas para países que vivan circunstancias excepcionales, como sería una inundación, a cambio de una contribución al presupuesto comunitario equivalente al 0,002 % de su PIB.

Los países proponen que solo se pueda renunciar a un máximo del 30 % de la cuota que les corresponde de los 120.000, previo pago de 6.500 euros por cada demandante que no reciban, o que se les dé un plazo de seis meses para retrasar la puesta en práctica de la distribución sin tener que pagar nada.

Fuentes comunitarias subrayaron por su parte que este procedimiento se reservará para casos excepcionales, si bien los países están dispuestos a aceptar como argumento para no participar en el reparto que el Estado miembro en cuestión esté recibiendo una oleada de refugiados repentina y de gran magnitud.

En cuanto a la obligatoriedad de la medida, fuentes de la presidencia luxemburguesa de turno de la UE han incidido en que una vez que los países tomen una decisión su aplicación será obligatoria aunque esta palabra no aparezca expresamente en el texto. Así, la CE siempre podrá abrir un procedimiento de infracción.

La incógnita sigue siendo la posición que adoptarán los países más contrarios al sistema de cuotas, como son Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía.

En Hungría el primer ministro nacionalista, Viktor Orbán, aseguró en el Parlamento que millones de refugiados "asedian" las fronteras de su país y de Europa, lo que supone un peligro para el continente.

Fiel a su retórica hostil a los migrantes, consideró que la controvertida valla anti-refugiados que Hungría levantó en sus fronteras es una medida necesaria y reiteró que la mayoría de los recién llegados vienen por razones económicas. Horas después de las palabras de Orbán, el Parlamento húngaro aprobó la legislación que permite al Ejército apoyar el trabajo de la Policía en la vigilancia de las fronteras.

Los soldados podrán utilizar armas no letales y métodos coercitivos, comprobar la identidad y participar en el control fronterizo, así como bloquear carreteras o limitar el tráfico. La ley autoriza a los soldados el uso de material antidisturbios como pelotas de goma y gas lacrimógeno, pero sólo podrán emplear armas de fuego si sus vidas corren peligro. La legislación salió adelante gracias a los votos de la formación conservadora de Orbán y el apoyo del partido ultraderechista Jobbik.