Soluciones de unidad para Cataluña

¿En qué momento se había jodido el Perú? se interroga Zabalita, el protagonista de “Conversaciones en la Catedral” de Mario Vargas Llosa. La pregunta se puede dirigir a Cataluña, cuyo lío interno y con las instituciones españolas se podría comparar al repertorio de personajes y de destinos absurdos que se leen en una de las mejores novelas del premio Nobel.

¿En qué momento Cataluña se cambió de comunidad leal con la Constitución de 1978 (en el referéndum de 6 de diciembre de 1978 obtuvo una de las mayores cifras de aprobación) a tener hoy el 47,8 por ciento de sus electores partidarios de la secesión con España?

Demos por sabido lo que hicieron Pujol y Mas cultivando una cultura nacionalista que nunca fue amigable con la idea de España. No obstante, Pujol y CiU fueron los únicos nacionalistas que votaron afirmativamente la Constitución, algo que, con excepción de Felipe González, no se tuvo en cuenta por los demás gobernantes posteriores.

Mi argumento será que la falta de cooperación de los partidos políticos, de los diferentes Gobiernos con sus respectivas oposiciones parlamentarias, explica también “el momento en que se jodió Cataluña”.

Mi opinión es que el artículo 2 de la Constitución “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, y que, evidentemente, Cataluña es una nacionalidad (o una nación que no posee soberanía, algo que se predicaba del Principado hace algunos siglos), y ese hecho constitucional no fue atendido por algunos gobernantes, lo que permitió a los nacionalistas catalanes justificar su progresivo separatismo de España.

Cuando Aznar gana las elecciones de 1996 no tuvo otra opción que pactar con toda una suerte de nacionalistas y regionalismos que obtuvieron diputados entonces, desde CiU y el PNV, pasando por el Partido Aragonés y sus equivalentes en Valencia y otras regiones. Con los socialistas de Felipe González, y después de Almunia, Borrell, y otra vez de Almunia, Aznar no sólo no quiso saber nada, sino que los arrinconó en la política de aquel momento. Entonces se evidenció una ley de bronce de nuestro sistema mixto de partidos: “cuanto más separados estén entre sí los partidos nacionales, tanto más se separarán los partidos nacionalistas del Estado.”

Aznar, y el PP que presidía, había firmado con Felipe González, y con su Gobierno, los “Segundos Pactos Autonómicos”, el 28 de febrero de 1992. ¿Quiénes negociaron durante meses ese acuerdo? Por parte del Gobierno socialista, el ministro Juan Manuel Eguiagaray, y por parte del PP, Mariano Rajoy (que después ostentaría ese ministerio). Esos “Pactos” establecían un calendario de muchos años para aumentar las competencias de las regiones. En algunos puntos, llegaban a ejercer competencias que tenían las “nacionalidades” (Cataluña, País Vasco, Galicia, y también Andalucía).

Cuando Aznar negocia su investidura con los nacionalistas catalanes -durante dos meses ¡en el hotel Mayestic de Barcelona!- los anteriores (y vigentes) “Pactos” fueron enterrados. Eso explica que Arzalluz, beneficiado con ese entierro, exclame que “he conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”. Lo conseguido no fue más, pero fue simbólico: fin de los gobernadores civiles, los puertos estatales, superar la ley de financiación autonómica y la supresión del servicio militar.

La segunda ley escrita en bronce, que también fue patente en aquella ocasión, es que “cuando un Gobierno concede algo por debilidad, la concesión tiende a generalizarse”. El Gobierno Aznar, al superar el método homogéneo de reforma de los Estatutos de Autonomía, que figuraba en los “Segundos Pactos” de 1992, se encontró con que sus aliados aragoneses, el PAR, le exigieron ser como los catalanes. Así, en el Senado, para que no se notara tanto, el Estatuto de Aragón definía esa región como “nacionalidad”, en su reforma de 1996. El PAR (Partido Aragonés Regionalista) pasó a denominarse PA (Partido Aragonés), pero el hecho no pasó desapercibido para CiU y los demás nacionalistas. Los socialistas votaron en contra de esa definición, incluidos los socialistas aragoneses, y el portavoz adjunto de CiU, el recordado senador Jaume Cardona i Vila, no obstante su natural compromiso con la Constitución, se quejó de aquella oportunista concesión, que, según su opinión, les dejaba a los autonomistas de CiU al pie de los caballos de los nacionalistas radicales. Es decir, anunció que ellos tendrían que superar el listón constitucional.

Encajen todos los desatinos autonómicos desde hace veinte años en esas dos leyes de bronce (incluyendo la espiral de la financiación autonómica) y quizá piensen conmigo que los problemas de y con Cataluña -y los que vendrán a continuación- no se pueden resolver por un Gobierno solo, aunque tenga mayoría absoluta. Como además, las próximas elecciones arrojarán una fragmentación mayor que nunca, es evidente que serán necesarios acuerdos de gran alcance. Por eso me perece erróneo -aunque podría usar también otros calificativos- personalizar en Rajoy la desgraciada situación actual, como ha hecho José María Aznar. Los que tenemos memoria de lo que él hizo en 1996, tenemos la convicción que ha llegado el tiempo de mirar por encima de los nombres propios, de los partidos incluso, desde luego más allá de los intereses electorales inmediatos, para buscar soluciones juntos, que deberán partir del consenso estatal que se rompió hace más de veinte años.