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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DECLARA QUE ACTUARÁ CON PRUDENCIA PERO CON FIRMEZA

Rajoy estudia aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía

Rajoy estudia suspender la autonomía

EL IMPARCIAL
miércoles 28 de octubre de 2015, 09:46h
El Gobierno ha pedido informes jurídicos para conocer todas las posibles vías de actuación, pero deberá esperar a la aprobación del documento por el Parlament, pues actualmente es solo una declaración de intenciones sin validez jurídica. Una vez aprobada la resolución en el Pleno catalán, el Ejecutivo podrá optar por impugnarla ante el Tribunal Constitucional o aplicar el artículo 155 de la Constitución. "No me gustaría llegar a eso", ha afirmado Rajoy en una entrevista, en la que ha apostado por actuar con "prudencia" pero con "firmeza" ante el desafío independentista.
El inicio del proceso de independencia de Cataluña llega en un momento político complicado para cualquier posible actuación del Gobierno de España. Con las Cortes disueltas en el plano nacional, y aún sin presidente electo en el Parlamento catalán, la reacción al proceso ayer iniciado por los independentistas requiere de un mayor estudio jurídico.

Así, los servicios jurídicos del Gobierno -en el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado- están preparándose ante cualquier eventual movimiento hacia la independencia y el Ejecutivo ha pedido más informes a sus expertos para estudiar todas las posibles vías de actuación. Sin embargo, todo indica que no podrán emprender ningún camino legal hasta que el Parlament catalán apruebe en su Pleno el documento presentado este martes. De momento, la propuesta de resolución para declarar la independencia de Cataluña es una mera declaración de intenciones, sin ningún tipo de validez jurídica.

Todo hacer prever que el Pleno extraordinario para aprobar esta propuesta se realizaría antes de la investidura del próximo presidente catalán, cuya fecha tope es el 9 de noviembre. Por tanto, podría convocarse para la próxima semana. Sería entonces, tras la aprobación en Pleno de la resolución soberanista, cuando el Gobierno nacional podría poner en marcha los mecanismos legales previstos.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

Una vez aprobada la propuesta en el Pleno catalán, el Ejecutivo de Rajoy puede optar por dos vías. La primera, que ya se utilizó en 2013 con la declaración soberanista que aprobó el Parlament, sería impugnar la resolución ante el Tribunal Constitucional acogiéndose al artículo 161.2 de la Constitución -"El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas (...)- y, como sucedió en 2014, el TC pasaría por anular la resolución basándose en su inconstitucionalidad. Esta vía, en principio, sería por naturaleza la primera opción del Gobierno.

Otra de las opciones sería recurrir directamente a estrenar el artículo 155 de la Constitución que contempla que el Gobierno pueda adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autonóma al cumplimiento de sus obligaciones. Según este artículo, el Ejecutivo nacional podría suspender la autonomía de Cataluña.

También, gracias a la reciente reforma del Tribunal Constitucional precisamente a estos efectos, podría aplicarse la suspensión de cargos responsables del incumplimiento de la legalidad. Sin embargo, esta medida, en la situación actual, conlleva la dificultad de la identificación de las autoridades a sancionar, pues no podría recaer el castigo sobre un presidente catalán que no está decidido, y no está claro que pudiera aplicarse sobre casi 70 parlamentarios.
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