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MACGUFFIN

Cuesta arriba para 'los de las subvenciones'

martes 24 de noviembre de 2015, 18:04h

Lo peor que le podía ocurrir al cine español está pasando. Peor que la crisis. Peor que la inabarcable competencia americana. Peor que el día que Javier Cárdenas se despertó con una idea para la gran pantalla. Más de 200 salas, 42 películas y sus respectivas productoras están en el punto de mira de una investigación judicial por un presunto fraude relacionado con las ayudas a la amortización de producciones, es decir, la subvención que reciben los productores ‘a posteriori’ según, básicamente, el número de espectadores que su película haya logrado atraer a las salas. Si el sector cinematográfico de nuestro país ha logrado en la última década romper un buen puñado de estereotipos, convencer a un público mayoritario de que el cine español no es un género, incluso aprender modelos industriales y promocionales –sobre todo promocionales- más efectivos, ahora corre el riesgo de caer hacia atrás en esta evolución positiva de su valoración y su imagen. Aquí tienen su gasolina los acérrimos detractores de “los subvencionados”. Que, a pesar de los avances en transmitir la importancia del cine como sector estratégico a caballo entre la economía y la cultura, haberlos, ‘haylos’. Y lo de pagar justos por pecadores, muy manido, muy ajado, sí, pero gráfico, explícito y claro.

La cosa pinta fea. Pases de películas con uno o dos espectadores que se reproducían milagrosamente hasta varias decenas o, incluso, superar el centenar cuando las salas pasaban al ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) sus cifras, una acción obligada pero, al parecer, no demasiado controlada. Y es que las irregularidades llevan denunciándose desde, al menos, 2012. ¿Nadie había escuchado hasta ahora al inspector de Cultura de turno cuando aseguraba haber visto la película en completa soledad en una sala en la que, según la exhibidora, había 90 personas más? Según el informe que el Ministerio de Cultura ha enviado a la Fiscalía y publicado por el diario El País, algunas veces, la propia productora compraba entradas a mansalva aunque luego, claro, nadie acudiera a ver la cinta. Otras, las cifras se falseaban sin más.

Con todas las cautelas del mundo y con ansioso deseo de ver dónde termina todo esto, el mazazo al mundo del cine es indiscutible y la decepción de quienes hemos defendido un sector entre incomprendido y directamente castigado, mayúscula. Dicho esto, sería injusto pensar que cada actor, director, productor, guionista o doble de luces que ha roto una lanza a favor del mundo del cine y la necesidad de ayudas públicas estaba nadando en aguas de hipocresía. La cuestión esté, quizás, más enraizada en cierta estructura ya carcomida por el chanchulleo y el ‘así es cómo se hacen las cosas en España’ que es transversal a buena parte del tejido empresarial, directivo y político español, en el que se incluye, por supuesto, una parte –quizás una muy significativa y visible debido a los nombres propios que la sujetan- de la industria cinematográfica de nuestro país.

¿La solución? Primero, claro está, quien haya engordado sus cifras de taquilla que devuelva la ayuda, seguro que hay empresas más merecedoras de ellas. Pero después, y más importante, es necesario buscar una verdadera salida a la crisis del sector cinematográfico. En enero de 2016 entrará en vigor el nuevo sistema de subvenciones que aprobó el Gobierno el pasado verano, basado en ayudas ‘a priori’, es decir, a medida que la cinta va avanzando en su producción. Este sistema minimiza la posibilidad de trampa, sí. Pero, ojo, si una productora ha comprado trescientas entradas de su película para alcanzar el mínimo de espectadores necesario para acceder a la subvención, técnicamente se mueve dentro de la legalidad; por supuesto, no de la moralidad.

La cuestión, aparte de la complicada tarea de infundir el respeto por el ‘fair play’ –espero que sea, en grado alguno, una cuestión generacional-, es que los poderes públicos jueguen su necesario papel en el tablero de la industria del cine de una forma distinta: no tanto aflojando las arcas del Estado como fomentando que se den las condiciones adecuadas para que el grueso del sustento del sector vaya virando poco a poco de los fondos públicos a los privados, entendiendo –lo siento, amantes de la crítica a “los subvencionados”-, que el dinero público es fundamental e irremplazable para preservar la diversidad artística y cultural.

Laura Crespo

Redactora jefe de El Imparcial

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