Otra soga al cuello ciudadano

Como previamente ya lo habían hecho estadounidenses, franceses, rusos o británicos, esta semana ha sido el turno de los chinos. Pekín, en un movimiento hace tiempo esperado, ha dado luz verde estos días a su polémica ley antiterrorista, que ha construido, apuntan en su defensa, a imagen y semejanza de las que imperan en Estados Unidos o la Unión Europea.

China, que también ha padecido la violencia del islamismo radical en ataques ocasionales y no tan mediáticos, pero igualmente mortíferos, en la región de Xinjiang, donde la etnia uigur representa a la mayoría musulmana, ha subido un peldaño en su preocupación por esta clase de amenaza. Esto se produce sobre todo después de la muerte a manos de Estado Islámico de uno de sus ciudadanos y de que la red de Al Baghdadi haya intensificado su campaña de captación en el gigante asiático.

Sin embargo, en lo que es un movimiento generalizado en las democracias, y en las que no lo son tanto, de todo el planeta, la seguridad empieza a prevalecer sobre la libertad en ese eterno debate que se recupera una y otra vez en un bucle infinito tras un atentado yihadista.

Situar los límites de ambos conceptos es una tarea tremendamente complicada, pues en momentos de calma la mayoría de la opinión pública apela a la libertad, mientras que bajo el shock de un atentado, como el cometido recientemente en París, estos mismos libertarios abogan por la seguridad para prevenir antes que curar.

No es mi intención la de intentar dibujar la frontera entre ambas realidades, pues considero que esa fina línea, susceptible de manipulaciones oportunistas, no puede ni debe ser estática, sino coyuntural y permeable al paso del tiempo y a las numerosas complejidades de semejante amenaza.

Sin embargo, sí estoy radicalmente en contra de la censura informativa a la que pretende someter el Gobierno chino a sus ciudadanos en aras, dicen, de hacer prevalecer su seguridad. Uno de los aspectos del nuevo marco legal chino es el que permite al Ejecutivo prohibir a los medios de comunicación publicar cualquier información sobre actividades terroristas si se considera que ésta puede poner en riesgo la seguridad nacional.

En este sentido, no se me ocurre ningún escenario en el que la ausencia de una información veraz, objetiva, responsable, transparente, reflexiva y comprometida sobre una amenaza terrorista, ya sea global o regional, suponga un peligro directo o indirecto para las personas.

Una sociedad informada es, precisamente, una de las armas más efectivas contra esta clase de enfermedad llamada yihadismo. A mi entender, la medida aprobada por China no es sino una maniobra de control más, en este caso una flagrante apropiación indebida de un derecho fundamental que puede ser usado con unos fines muy ventajistas, sobre su pueblo.

En esta guerra contra el terror cabe tomarse cinco minutos de reflexión sobre si las medidas a adoptar son proporcionales y procedentes al tema que nos ocupa. Es de esperar que este tipo de medidas se adopten en regímenes con un alto desprecio por la democracia y las libertades individuales, pero no hace mucho la Francia de Hollande y Valls nos ha demostrado que uno no tiene que vivir bajo el yugo autoritario para ver sus derechos mermados.

No todo vale para llegar a un fin, porque no todo es susceptible de ser utilizado como herramienta para combatir el terrorismo. La censura informativa no atiende a más razón que a la de ahogar nuestros propios principios, esos mismos principios que se encuentran hoy más que nunca bajo la amenaza de la sinrazón terrorista.

Lejos de proteger a su ciudadanía, los chinos están poniéndola en peligro ante un enemigo que no entiende de censuras ni treguas. Es necesario instruir, informar y educar, no ocultar, acallar o manipular, porque una sociedad informada por desgracia no siempre es más segura, pero desde luego sí es más libre.