Cuando se espera que en pocas semanas se verifique el Tratado de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano en La Habana -todo indica que se ha planificado para que coincida con la visita de Barak Obama, quien respaldaría los acuerdos-, un nuevo episodio de los narcoguerrilleros arroja sombras preocupantes sobre lo que sucederá después de que se firme el pacto. Todo apunta a que esa firma no es una meta final, sino el inicio de otro conflicto mucho más correoso y con consecuencias imprevisibles para la democracia colombiana.
Dada la cercanía del acuerdo, Juan Manuel Santos autorizó a que los negociadores de la guerrilla en La Habana visitasen los campamentos de las FARC para hacer pedagogía. Lo que ha sucedido ha sido otra cosa muy distinta. Los negociadores han vuelto, se han movido libremente con sus unidades armadas y han comenzado a hacer proselitismo de su versión sobre los acuerdos entre la población civil. Así acaba de ocurrir en el departamento de La Guajira, donde líderes guerrilleros como Iván Márquez o Jesús Santrich enviaron por delante a sus tropas para tomar una población, y, una vez asegurada militarmente, accedieron a ella en un helicóptero de la Cruz Roja. Las reglas del juego han sido hechas añicos y la población civil fue aleccionada a punta de fusil. Desde Casa Nariño se ha emitido la orden de prohibir cualquier viaje de los negociadores a los campamentos guerrilleros y el Procurador General de Colombia ha denunciado que lo que considera “un desafío institucional”.
Obviamente, en un estado tan avanzado del convenio, actuaciones de esta índole no van a interrumpir el desenlace previsto, pero son un clarísimo toque de atención sobre la mentalidad y las intenciones de los narcoguerrilleros cuando se conviertan en partido político. Por activa y por pasiva han anunciado que dejarán las armas, pero que no las entregarán, lo que supondría una futura paz bajo el chantaje de un retorno a la guerra en cualquier instante. La toma armada de la población en La Guajira evidencia el apego a sus pertrechos militares. Las FARC abogan por una impunidad en la práctica incluso para crímenes de lesa humanidad que podrían ser juzgados por tribunales internacionales, algo que implicaría con toda seguridad una reactivación de los atentados guerrilleros.
En su acto proselitista, los guerrilleros han dado por hecho que forzarán un periodo constituyente, que en definitiva sería protagonizado por ellos mismo, lo que a su vez indica su desprecio por las actuales reglas de juego constitucionales. El afán por instaurar la paz es lógicamente muy intenso en el país, pero las condiciones en que se va a llegar a ella amenazan traer consigo severas consecuencias para un orden democrático tan encomiable como el colombiano. La ciudadanía debería tener muy en cuenta estas amenazas en el plebiscito con el que será consultada y no admitir un acuerdo si no posee garantías más explícitas y creíbles sobre su futura estabilidad y libertad.
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