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Puerto Rico en la ONU: Eisenhower vs Bush

martes 10 de junio de 2008, 22:01h
En 1953 el Gobierno republicano del presidente Dwight D. Eisenhower comunicó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Puerto Rico había alcanzado gobierno propio; medio siglo después, el también Gobierno republicano del presidente George W. Bush anunció en un informe que Puerto Rico es un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso.

El proceso comenzó hace medio siglo, el 17 de enero de 1953, cuando el gobernador Muñoz Marín solicitó al Presidente de Estados Unidos que comunicara a la ONU el nuevo status de Puerto Rico, a fin de que cesara el envío de información sobre Puerto Rico a esa organización. El 20 de marzo de 1953, el embajador estadounidense ante la ONU, Henry Cabot Lodge, envió una carta al Secretario General de la ONU, en la cual apuntó: “Con el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico ha llegado a una plena medida de gobierno propio. Consiguientemente el Gobierno de Estados Unidos ha decidido que ya no es propio que éste someta información sobre Puerto Rico en cumplimiento del Artículo 7(e) de la Carta”.

Luego de un fuerte cabildeo de Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1953 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución, reconociendo la condición de gobierno propio de Puerto Rico.

La votación fue de 26 a favor, 16 en contra y 18 abstenciones. O sea, si se suman los votos en contra a las abstenciones, la mayoría no votó a favor. Entre los votos a favor estaban los de gobiernos dictatoriales, aliados incondicionales de Estados Unidos como Cuba (Batista), la República Dominicana (Trujillo) y Nicaragua (Somoza); entre los países que votaron en contra estaban India, México, Bélgica, Australia y Canadá; y entre los que abstuvieron estaban Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Venezuela y Argentina. En 1953 Estados Unidos no sólo era la principal potencia mundial; también se encontraba en su mejor momento de influencia y prestigio. Sin embargo, tuvo que recurrir a dictadores aliados corruptos para conseguir que se aprobara la resolución.

La resolución fue controversial y por poco no se aprueba. Según Mason Sears, representante de Estados Unidos en el Consejo de la Administración Fiduciaria de la ONU, la resolución no se hubiera aprobado sino hubiera sido porque el presidente Eisenhower prometió respaldar la independencia para Puerto Rico si el pueblo la solicitaba.

La resolución era importante para que Puerto Rico pudiese “legitimar” el nuevo status y como un arma de relaciones públicas ante la opinión pública internacional.

Para el complejo militar estadounidense era también importante “legitimar” el nuevo status que desde 1945 los Joint Chiefs of Staff habían discutido como medida para atacar el problema colonial, y evitar a su vez la independencia para la Isla. También era importante para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y los acuerdos de descolonización incorporados en la Carta del Atlántico en 1941.

Un aspecto controversial que muestran documentos de Estados Unidos sometidos a la ONU fue la mención de que el ELA se adoptaba “con el carácter de un convenio”. En un memorando del Departamento de Estado se señala que el abogado de Puerto Rico, Abe Fortas, se opuso a esta expresión, ya que era muy débil. Fortas quería utilizar “pacto” o “convenio”, pero el Gobierno estadounidense no aprobó ninguno de los términos, abriéndose así a la ambigüedad.

Medio siglo después, la perspectiva ha cambiado en la Casa Blanca.

En el 2005 la Casa Blanca de Bush emitió un informe sobre el status de Puerto Rico, el cual dista mucho de lo que Estados Unidos presentó en la ONU en 1953. El informe establece que Puerto Rico es un territorio y que está sujeto a la autoridad del Congreso bajo la Cláusula Territorial. Indica que el Congreso puede revisar o revocar el status actual a su discreción y legislar directamente sobre asuntos locales. Más aún, el informe señala que el Congreso puede otorgarle la independencia a un territorio o cederlo a otra nación.

El gobierno del presidente Bush ha confirmado el status colonial de Puerto Rico; ahora le toca a la ONU reevaluar el caso de Puerto Rico a la luz de su Resolución 1514 XV, en la cual declara el coloniaje como una violación de derechos humanos y establece que todos los pueblos tienen el derecho al ejercicio de la soberanía y a la libre determinación.

Este artículo se ha publicado en El Nuevo Día.
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