¿Se podría recortar la campaña electoral para reducir gastos?

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, planteó este lunes la posibilidad de acortar la campaña electoral si hay acuerdo con el resto de partidos para “no dar tanto la lata”, si bien ha admitido que sería necesaria una reforma constitucional.

Al respecto, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, matizó después las declaraciones del ministro afirmando que lo que habría que sopesar es si, habiendo dos campañas electorales separadas por poco tiempo, ambas deben tener “el mismo grado de intensidad”.

Igualmente, ha corregido a Catalá en su afirmación de que sería necesaria una reforma de la Constitución, cuando la reforma debería realizarse sobre la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio sobre Régimen Electoral, para lo que, según Casado, no hay margen en un Gobierno en funciones.

Sin embargo, ha puntualizado que sí se podría debatir “cuántos debates o mítines” celebrar a lo largo de las dos semanas que dura la campaña electoral.

Es, concretamente, el artículo 51 de la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral que establece que la campaña electoral debe durar 15 días, sin que prevea ningún precepto que permita acortarla para la circunstancia en que se celebren elecciones al Congreso y al Senado tras no conseguir formar gobierno.

En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha respondido rechazando de pleno la propuesta del ministro de Justicia de acortar la campaña electoral si hay consenso entre los grupos, pero se ha mostrado partidario de reducir los gastos con medidas como que no se pague el buzoneo electoral, que es “muchísimo gasto”.

También ha considerado que hay margen para recortar otras partidas con el fin de que “los ciudadanos no paguen la irresponsabilidad de quienes van a llevar a unas elecciones”.

Teniendo en cuenta las subvenciones previstas para los partidos políticos en unas elecciones generales, no resultaría descabellado llegar a un consenso entre todas las formaciones para reducir los gastos electorales. El envío de propaganda electoral y buzoneo suponen entre el 30% y el 50% del presupuesto de las campañas electorales, lo que supondría un importante ahorro para el Estado.

Para ello, no sería necesaria ninguna reforma de ley, sino simplemente el compromiso de todas las fuerzas políticas de llevar a cabo una campaña más austera.

Hernando ha pedido que no haga propuestas que “se saltan la ley y la Constitución”.”Que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y que cumpla con la ley y con la Constitución. Ni más, ni menos”, ha exigido el portavoz socialista al ministro, a quien ha recordado que “debería ser el primero en conocer la ley”.

Tras apuntar que ya no hay margen para cambiar la actual legislación, Hernando ha señalado que los plazos que marca "son claros" y establecen que la campaña debe tener una duración de dos semanas.