La figura del impeachment es característica del Derecho anglosajón y mediante ella se puede procesar a un alto cargo público en aras de destituirlo de las funciones que ocupa.
Estos días ha pasado a estar como mecanismo jurídico-político en primera línea de actualidad y no precisamente por sucesos acaecidos en Estados Unidos o Gran Bretaña sino en Brasil, a través de su presidenta Dilma Rousseff. Si lo pensamos dos veces es una herramienta que controla los posibles excesos del poder presidencialista y por ello es un arma que ennoblece a los sistemas democráticos.
Lo que resulta un hecho claramente desgraciado es que se haya tenido que poner en marcha este proceso de destitución de la actual jefa del Estado de Brasil, con el que puede llegar a ver visto abandonado su cargo durante al menos 180 días en caso de que una mayoría simple de 81 senadores consiga dar luz verde a la apertura del impeachment.
El Gobierno de Dilma Rousseff, en un intento desesperado de paralizar el juicio político a la presidenta decidió recurrir ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Los abogados del Gobierno para el recurso argumentaron que la causa de todo el proceso descansaba en una venganza personal del antiguo presidente del Congreso, Eduardo Cunha, actualmente depuesto por haber sido acusado de corrupción. Y recordaban que Cunha fue quien había dado el pasado 2 de diciembre de 2015 vía libre al impeachment tan sólo poco después de que un grupo de parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Rousseff, anunciara que iban a votar favor de que se investigara al presidente del Congreso por sus cuentas sospechosas en Suiza.
En estos momentos no se duda de cuál será el resultado de la votación del Senado y su presidente, Renan Calheiros, se verá obligado a enviar un oficio al cercano palacio de la presidenta, informándola de la decisión adoptada y, si es que los pronósticos se confirman, de su apartamiento del poder.
Durante el periodo de 180 días como máximo que dure el proceso, los senadores asumirán la tarea de juzgar y valorar si la presidenta cometió o no un “crimen de responsabilidad” por unas supuestas irregularidades contables (pedir préstamos de dinero a bancos estatales para ocultar el déficit presupuestario en 2014 y 2015), lo que, sorprendentemente, el Gobierno considera como algo casi habitual de la política brasileña mientras que la oposición lo utiliza para demostrar que estamos frente a un grave atentado contra la democracia que exige responsabilidades a su cabeza máxima. De hecho, Rousseff no ha dejado de alegar estos últimos días que, en realidad, es víctima de un “golpe parlamentario” y que los que ahora la acusan son los que anteriormente se sirvieron de esta estrategia contable en el pasado, conocida en Brasil como “pedaladas fiscales”.
Nos tenemos que remontar al 15 de marzo de 2016 cuando Delcídio de Amaral, ex senador del Partido de los Trabajadores (el mismo de la presidenta), implicó a políticos de la formación y de la oposición en el caso Petrobas. Entre ellos, al ex presidente Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Los fiscales investigan en estos momentos a toda la élite política, desde Rousseff hasta el jefe opositor Aecio Neves, del PSDB por el supuesto maquillaje presupuestario que, en realidad, encierra una invasión de competencias del gobierno sobre el poder legislativo.
Michel Temer ha sido mencionado como un participante en la trama por delatores, pero la fiscalía no ha solicitado de momento investigarlo. Es más, en calidad de Vicepresidente, se hará con el poder mientras Rousseff disfruta de su condición de “presidenta fantasma” lo que, con seguridad, le resultará muy complicado de digerir al tratarse en estos momentos de un notable enemigo político; ello se producirá a pesar de poderse refugiar en una especie de jaula de cristal, su residencia oficial, convirtiéndose en un ser intocable a todos los efectos mientras dure este proceso. Es previsible que Temer apueste por un duro plan de ajuste fiscal en aras de restringir gastos al máximo para tratar con ello de incentivar a los mercados, además de afianzarse en el poder para evitar la vuelta de su ya ex amiga y aliada política.
El debate gira en Brasil ahora en torno a si, como sostiene el presidente del Senado, Renan Calheiros, el impeachment desencadenará todavía más inestabilidad en el país. Ni que decir tiene que este escándalo de corrupción política se suma a la fuerte dosis de decepción de los brasileños que sufren las graves consecuencias de una crisis económica sin precedentes a la que no ven salida alguna por una desconfianza absoluta en sus mandatarios sean del signo político que sean.
Puede ser que el impeachment a la presidenta termine con su destitución -para lo cual se requieren los votos de dos tercios de los senadores (54)-, en cuyo caso Temer asumirá la presidencia hasta el final de su mandato y hasta la celebración de nuevas elecciones en 2018. Ahora bien, lo que verdaderamente genera incertidumbre y ansiedad entre la población brasileña es cómo superar la peor crisis económica desde la Gran Depresión que había ficticiamente empañado el maquillaje de las cifras presupuestarias.
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No(
