Corrupción: política sin ética

En su fundamento de Política desarrolló Aristóteles la relación entre la práctica del poder y la honestidad como virtud. Y han pasado más de dos mil quinientos años y cada vez se observa cómo la corrupción ha minado las vida social y política de los ciudadanos en todos los gobiernos, con pocas excepciones que confirman la regla.

La corrupción del poder es una de las enfermedades incurables del quehacer público. Y si partimos del hecho de que la vida humana es la lucha dialéctica entre bien y mal, entonces se puede concluir que la corrupción es parte del quehacer político. Lo que queda, entonces, es limitarla, encapsularla, castigarla, minimizarla.

El problema de la corrupción radica en su enfoque: en todas las naciones hay en funcionamiento o en proceso de definición mecanismos para combatirla, pero se diseñan desde la fórmula persecutoria y punitiva y no preventiva; es decir, ya detectada. Y si bien no está mal que así sea, de todos modos hay que reconocer que los castigos no inhiben los delitos, si acaso los hacen más racionales: los delitos se practican a veces en función de los castigos, no de las reglas cívicas.

En México hay en curso un gran debate legislativo para el diseño de un sistema nacional anticorrupción, pero en medio de escándalos cotidianos que exhiben a militantes de todos los partidos políticos involucrados en casos de corrupción. Y ahí se localizaría la parte esencial de las estrategias de lucha contra la corrupción: medidas legales para castigarlas y no mecanismos legales para evitarla.

El tema de la corrupción carece de una parte esencial del método para evaluar un problema político: el diagnóstico. La parte más sencilla es explicar la corrupción por la facilidad con la que se pueden mover los recursos públicos o las regulaciones gubernamentales que se aflojan a cambio de sobornos. Pero la gran pregunta sería otra: ¿por qué se corrompen los funcionarios? Se puede aducir la facilidad para cobrar sobornos en Estados reguladores, los mecanismos laxos para castigar y la relación delito-castigo.

En 1972 el poeta y ensayista Octavio Paz, sin ser una intención directa, dio una explicación exploratoria al tema de la corrupción en México, pero con datos que podrían aplicarse a las sociedades de Occidente. En una carta dirigida al historiador trotskista Adolfo Gilly --a propósito de su libro La Revolución interrumpida--, Paz se refirió al problema del poder: la burocracia política. Y acudió al modelo chino de las dinastías antiguas, a partir de la lectura del libro La burocracia celeste. Historia de la China imperial, del enólogo Étienne Balázs (Seix Barral, 1974).

Los monarcas chinos no se ensuciaban las manos con la administración de los asuntos públicos de sus dinastías y acudieron el mecanismo de contratación de personas que lo hicieran en el día a día. Se les conoció como “funcionarios letrados”, es decir, personas que estudiaban para administrar asuntos de las oficinas públicas. Para ello, los aspirantes se preparaban, estudiaban y tenían que pasar exámenes rigurosos. No cualquier podía llegar. La preparación, sin embargo, exigía inversión de dinero. Pero cuando lograban ocupar los cargos, los salarios eran menores y por tanto insuficientes para recuperar lo invertido. Ahí comenzaron a darse las primeras corrupciones: tráfico de trámites públicos o apropiación de partes del presupuesto antes de autorizaciones, lo que --a mi parecer-- explica la frase muy usada en América de “cobrarse a lo chino” o cobrar por anticipado sobornos de contratos.

En este sentido, la configuración de las administraciones de asuntos públicos, el manejo de los gobiernos y la gestión de los Estados tienen en su seno el germen de la corrupción: la inversión para acceder a cargos es alta y los salarios no la cubren, aunque también hay políticos y funcionarios que abusan y construyen fortunas groseramente mayores a las inversiones para acceder a esos niveles.

A partir de este análisis, Paz enumeró las tres características de los Estados que construyen burocracias que fomentan la corrupción: el Estado patrimonialista o propiedad de los funcionarios, el Estado clientelar o el uso del gasto para comprar lealtades electorales y el Estado alquilado o la contratación de funcionarios letrados que invierten en su preparación para recuperar vía corrupciones.

Los sistemas legales de lucha contra la corrupción persiguen y castigan la corrupción a posteriori, pero dejando muchos espacios para la fase a priori. En ese sentido, la capacidad de persecución del delito de corrupción se reduce a su mínima expresión, dejando lo que pudiera llamarse la cifra negra o porcentaje de casos de corrupción sin perseguir u otros que no poseen las pruebas suficientes. Por eso, por ejemplo, en las doce entidades donde se votarán gobernadores en México alrededor del 95% de los aspirantes a ese cargo por todos los partidos no son capaces de transparentar sus fortunas ni explicarlas, con casos escandalosos que sorprenden por las pruebas publicadas sobre riquezas no documentadas. En México existe el concepto de “riqueza inexplicable”, aunque en realidad es riqueza que se explica por el abuso en la apropiación de recursos públicos. En todo caso, son fortunas que no se explican en función de ingresos formales.

El grado de corrupción es mayor en los Estados donde los castigos a posteriori son fáciles de eludir y las reglas a priori son prácticamente inaplicables. El problema es de ética pública, de cultura cívica y de castigos penales. Aristóteles decía que la política era el campo natural de la ética, pero vemos en todo el mundo que la política puede ser también el reino natural de la corrupción.

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