Entre privacidad e información

En estos días, el gobierno Berlusconi ha aprobado un proyecto de ley para limitar las escuchas judiciales y aumentar las penas a quien las publique de manera ilegal. La medida ha generado duras críticas de la oposición, del mundo judicial y de los periodistas. Sin embargo, según el ministro italiano de Justicia, el sistema de escuchas telefónicas en investigaciones judiciales había “degenerado”, llegando a violar el derecho de privacidad de los ciudadanos en muchas ocasiones; además de vulnerar la intimidad, las escuchas comportarían un elevado coste para el Estado italiano y por lo tanto habría que limitarlas.

Según la nueva normativa las escuchas serán restringidas a delitos de terrorismo, mafia y a los delitos con más de diez años de cárcel, admitiendo derogas delimitadas por casos de corrupción. De esta manera desaparecen los pinchazos para los crímenes económicos, financieros y empresariales. El riesgo de que las restricciones de las escuchas supongan una limitación a los poderes de investigación de los jueces parece real. La nueva ley podría “garantizar” la impunidad de muchos delincuentes y, al mismo tiempo, dificultar las investigaciones, impidiendo el principio de tempus regit actum.

La temática resulta sensible: el límite entre privacidad, derecho a la información e investigación judicial parece muy sutil. El debate entorno a lo que se puede considerar privado y aquello que siéndolo tiene un interés social, ha intensificado la polémica. Las leyes en materia deberían buscar un punto de equilibrio entre la protección de la intimidad personal de los ciudadanos y la posibilidad de evitar que se cometan delitos. Las medidas en materia no deben restringir las posibilidades de investigar y “excluir” la posibilidad de recoger pruebas en crímenes de “cuello blanco”: corrupción, sobornos, extorsión o delitos empresariales. Renunciar a las escuchas podría resultar perjudicial en la lucha contra la criminalidad.

A pesar de no haber aún solucionado la añosa crisis de la basura, lejos de ofrecer una alternativa viable a las dificultades económicas de Alitalia que sigue preocupantemente al borde de la quiebra y sin haber calmado las polémicas en materia migratoria, resulta extraña tanta prisa en legislar sobre un tema importante pero no trascendente. La redacción urgente de esta ley ha parecido una obsesión de il Cavaliere, alimentando la impresión de que se haya confeccionado una ley ad personam que podrá ayudarle frente a problemas judiciales pasados y futuros. Andreotti, histórico político italiano, suele repetir: “a pensar mal se comete pecado, pero pocas veces uno se equivoca”.