Cataluña golpea a España

El desafío independentista de Cataluña es el problema más urgente de nuestro país. Más que la impotencia y desacuerdo de Gobierno. Una y otra situación se relacionan profundamente. El Parlament catalán aprovecha cualquier resquicio de inestabilidad política y relajación social para afianzar con normas, declaraciones y leyes locales sesgadas el propósito de secesión territorial. La amenaza y el reto son evidentes. El Proceso Constituyente catalán está en marcha. Pretende escindir a Cataluña de España. Lo aprobó la junta parlamentaria el 27 de julio de este año, 2016. Una fecha que puede resultar histórica, tanto si va adelante el proceso independentista como si lo detienen las actuaciones derivadas de la Constitución. Los políticos secesionistas consideran que ya se ha estatuido la voluntad del pueblo catalán. Objetivan las condiciones de un golpe de Estado en apariencia democrático. Y el Gobierno en funciones de España actúa, de acuerdo con los partidos más responsables, remitiendo al Tribunal Constitucional los papeles conjurados y constituyentes. Es lo reglado, pero el conflicto sigue su curso a pesar del veto oficial. Por eso resulta más incomprensible y peligrosa la negativa de la oposición parlamentaria a formar un gobierno de coalición nacional que detenga el ultraje a la convivencia y unión histórica de España.

Ante la realidad de que Cataluña no cuenta con mayoría de adhesiones soberanas, el gobierno autónomo usa todos los recursos posibles para crear un contexto adecuado y convincente. Utiliza para ello los fondos autonómicos, que son estatales. Artur Mas lo reconoció en la entrevista que le hizo el diario francés Le Monde el 17 de febrero de 2012, comentada en esta columna de El Imparcial. Cataluña no cuenta, decía el exmandatario, con base social que avale una solución soberanista. Cuatro años después, al abandonar la presidencia de la Generalitat y el acta de diputado, a comienzos de 2016, repitió el mismo dato: los catalanes secesionistas no suman la mitad del censo.

Frente a esta situación, los políticos se esfuerzan al máximo por crear una imagen nacional e internacional de una Cataluña abierta, emprendedora y dinámica en el este de la Península y sur de Europa. El interés se centra en Barcelona. Quieren que sea espejo mundial del Mediterráneo y área económica importante al lado de países, protectorados y ciudades de la zona, como Mónaco, Milán, Liechtenstein, Ginebra y Túnez. Con este icono elevan a categoría el medio socioeconómico y la autonomía de que gozan con el Estatut consolidado por el presidente Zapatero en 2006, sobre la base de los previos de 1932 y 1979. Piden una consideración especial de su realidad histórica frente a otras comunidades y un régimen fiscal asimétrico. Como estrategia ascendente del reclamo se amparan en legislaciones internacionales de países como Reino Unido y Canadá que apoyen un referéndum de independencia y al margen de las condiciones establecidas en la Constitución de 1978. La consulta realizada en Québec en 1995 es el modelo ocasional de Cataluña. Propiciaba una fórmula de soberanía opcionalmente asociada a Canadá. Se rechazó por más de un punto de diferencia (50,58% síes; 49,42% noes). Es lo que ya pretendía Jordi Pujol al frente de la Generalitat (1980-2003), una forma de Estado autónomo asociado inicialmente a España y dentro de la Unión Europea.

Los nacionalistas esgrimen esta experiencia incrementando, como solemos repetir, relaciones económicas directamente conectadas con intereses rentables de toda España: gas, electricidad, diseño mercantil, técnica avanzada, mediación industrial, farmacéutica, turismo, etc. Pretenden reforzar la asimetría económica con la promoción y dirección de un eje mediterráneo que comercialice la infraestructura, el rendimiento de sectores marítimos, aéreos, terrestres —transportes, autopistas, hoteles—, y la influencia derivada en los países del norte de África.

Tales pretensiones suponen un paralelo de ingerencia política en asuntos de Estado con exigencias, reclamos, acusaciones demagógicas, campañas de prensa, eslóganes mediáticos y otras argucias que afectan al rendimiento del país. Entre los ardides cabe citar, por ejemplo, el rechazo de la Alta Velocidad Española (AVE) para el trayecto Madrid-Galicia. Es una obra muy cara en tiempo de crisis, dicen. Y justifican, en cambio, los gastos de inversión a fondo perdido en el icono soberanista de Cataluña con propaganda, representación internacional, aparato político y aura cultural exagerada respecto del valor creativo e intelectual de otras Comunidades Autónomas. Por pedir piden hasta el traslado a Cataluña de una parte del Museo del Prado.

El trasfondo va un poco más allá, no obstante, del gasto ferroviario y de la representación artística. Cataluña teme el desarrollo y despliegue de un eje atlántico con Portugal al lado de Galicia, Inglaterra más al norte y América enfrente. El tratado económico bilateral de Estados Unidos y Europa supondrá efectivamente un cambio en las transacciones internacionales y un giro notable de la economía española. Occidente tendrá otra consideración efectiva en el marco internacional. Pues bien, Cataluña soberanista quiere estar presente de algún modo en estas negociaciones y decidir al más alto nivel en asuntos de estrategia nacional.

Estas previsiones aún no figuran a cara abierta en el entramado de la agitación política. Cuentan sin embargo en sus intersticios. Es una tensión larvada cuyas vibraciones afectan a la configuración de Gobierno y a los intereses de los partidos políticos, entre ellos los soberanistas gallegos, alertas a cuanto se mueve en este sentido y preparados para hacer saltar la liebre en los comicios del próximo 25 de septiembre.

Otro de los resortes políticos asociado al proceso soberanista es la insistencia en una imagen de bloqueo constitucional de Cataluña. Se fuerza una disyuntiva Cataluña-España con un campo conceptual y semántico específico. Una joya de manipulación mediática al respecto es el artículo que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y pionera del movimiento radical Barcelona en Común, publicó en Le Monde (de nuevo este afamado periódico internacional) el 18 de diciembre de 2015. Dos días antes de las elecciones del 20-D, cuyas expectativas anunciaban un asalto al poder de los partidos agrupados en la nueva formación comunista de Podemos.

Ada Colau esgrime la clave del bloqueo de Cataluña en torno al obsesivo referéndum. La sociedad española estaría dividida entre una legalidad antidemocrática y un movimiento progresista de halo internacional favorable a la independencia de Cataluña. España no permite que la mayoría del pueblo catalán se consolide. El 80% quiere la consulta y el 40% de los consultados votan independencia. Lo democrático y legal es la regla de la mayoría. Por tanto, se colige, España sigue con tintes fascistas y es antidemocrática. El símbolo de esta anomalía (recordemos la plataforma internacional de Le Monde) es la Constitución de 1978. No dice la alcaldesa que fue aprobada por casi todos los catalanes que conforman desde entonces, con el resto de Comunidades Autónomas, el Estado parlamentario español. Y el representante de tamaña ilegalidad es, matiza, el aún partido vigente, el Popular. Y por alusiones, se deduce, su líder Mariano Rajoy. Lo que hace Cataluña se encuadra, sigue diciendo la líder de Barcelona en Común, en una política de transparencia y participación democrática. España, en cambio, solo ofrece el bloqueo institucional del resplandor cristalino de Cataluña.

El supuesto implícito de este sofisma es increíble. Un referéndum legal implica premisas que lo hacen prácticamente imposible e indeseable sin cambiar la Constitución. No conviene tampoco, por otra parte, y de momento, pues Cataluña no tiene la base social requerida para la independencia. Se impone, pues, aprovechar la paradoja con una política de réditos apropiados y hacer mucho ruido. Es decir, en cuestiones de catalanismo, los lectores, nacionales o internacionales, somos estúpidos. Y así también la prensa embaucada. El título del artículo precitado era y es: “Los españoles pueden conducir a Cataluña hacia la autonomía”. ¿Autonomía? ¡Si ya la tiene desde 1978 y con estatuto propio de 1979! Otra muestra del alucinamiento y sofisticación mediática con oídos sordos a cuanto no conviene. Queda la duda de si Barcelona paga de algún modo este tipo de ecos internacionales. Lo cierto es que España hace poco para desmontar las premisas capciosas y consigue menos en el ámbito cultural. Un vacío que sí aprovecha la Cataluña sectaria.