Vivimos una época en la que los derechos se han convertido en triunfos para los individuos que exigen su respeto incluso a costa de que se puedan menoscabar los derechos de los demás. Poco, en cambio, se habla de los deberes que todos tenemos como sujetos que formamos parte de una comunidad política y que necesitamos interiorizar gracias a las normas que nos vinculan, animándonos a preservar valores comunes. Uno de los valores que creo que urge rescatar de la conocida como última generación de derechos, diluida en buena parte por los efectos de la globalización, es el de la solidaridad. Estamos ante un valor relacional porque convive con los valores de la libertad y la igualdad, necesarios todos ellos para nuestra convivencia en sociedad.
Ahora bien, de la misma manera que la libertad y la igualdad encuentran su reconocimiento en el sistema jurídico-político a través de un tupido tejido normativo, la solidaridad necesita también del apoyo institucional para que no quede reducido a mero comportamiento caritativo o simple declaración de buenas intenciones.
Un ejemplo de cómo la solidaridad puede crecer entre los ciudadanos de una forma espontánea y natural lo encontramos en Francia donde el francés Christophe Germain consiguió acompañar con su esposa a su hijo de once años (Mathys) en sus últimos días de vida por padecer cáncer de hígado gracias a que, voluntariamente, sus compañeros de fábrica le cedieron días de vacaciones propios con la aprobación de la empresa en la que trabajaba. Este dato es importante porque la buena voluntad de los empleados no hubiese bastado sin el visto bueno de la empresa. Fruto de este experimento solidario, nacería en mayo de 2014 la conocida como Ley Mathys que permite a los empleados de cualquier empresa obsequiar días, a cuenta de las vacaciones, a otros trabajadores que tienen hijos con enfermedades graves o terminales.
Ahora Bélgica estudia la posibilidad de ir por la misma senda de legalizar la solidaridad a través de una ley que permita regalar días de vacaciones para empleados que tengan a su cargo niños gravemente enfermos, siempre que la cesión de ese derecho se haga de forma voluntaria, anónima y gratuita. A pesar de que la propuesta es vista con buenos ojos por los partidos políticos y por la Ministra de Empleo, Kris Peeters, los sindicatos se oponen a que la medida entre en vigor. Su principal argumento es que es el Estado quien debe solucionar el problema que genera para los padres que trabajan el tener un niño gravemente enfermo o en fase terminal y no son los trabajadores los que deben terminar perdiendo derechos (el derecho a las vacaciones) para no cargar más al Estado. Es cierto que la ley belga otorga un permiso de hasta 48 meses para cuidar a los hijos enfermos graves menores de 21 años pero ello no basta. Creo que los sindicatos, franceses o belgas, se equivocan. Nada debería impedir que los sujetos se puedan solidarizar con quien sufre por la salud de su hijo, brindándole su apoyo a través de la renuncia a un derecho que no es inalienable. Más bien, al contrario, el Estado tiene en su mano poder colaborar con el ciudadano en aras de conseguir una sociedad más equitativa y solidaria en la que las cargas puedan repartirse en determinados ámbitos. ¿Por qué nadie se queja de que la sociedad se movilice con multitud de voluntarios que tratan de contrarrestar los efectos de una catástrofe natural y, sin embargo, surgen numerosas voces opuestas a que un trabajador ceda un día de sus vacaciones para ayudar a un compañero en una situación de extrema dificultad?
Si comparamos la legislación francesa y belga con la española uno se echa las manos a la cabeza. Aquí lo único que se contempla es la posibilidad para uno de los padres de hijos menores de 18 años de acogerse a una reducción de jornada de al menos el 50 %, percibiendo un subsidio con el fin de paliar la falta de ingresos. En caso de que uno de los dos progenitores dejara de trabajar para cuidar a su hijo, la ayuda la perdería. En el caso de los funcionarios, reciben el salario completo aunque reduzcan su jornada laboral a la mitad o menos tiempo. Lo que, sin embargo, no parece del todo justo es que si los dos progenitores trabajan para la misma entidad pública, sólo a uno de ellos se le dé el derecho de solicitar la reducción de jornada. Ello es así porque, de acuerdo con la ley, habría que garantizar el correcto funcionamiento del servicio.
Verdaderamente, en España estamos años luz de nuestros vecinos europeos y deberíamos rendirnos ante iniciativas como las comentadas. ¿Qué hay de malo en que el Estado permita fomentar la satisfacción personal que produce en determinados individuos el ayudar a otros que están atravesando una situación de las más duras que se puede sufrir, como es la enfermedad terminal de un hijo? No estamos hablando de renunciar a vacaciones para que un colega pase un día más con su hijo recién nacido en el hospital. Naturalmente, el Estado tiene que contemplar este tipo de eventualidades con subsidios no para uno de los progenitores, sino para los dos, pues ambos deberían tener el mismo derecho a la hora de acompañar a su hijo en sus últimos días de vida, pero ello no impide que una vez rebasado el periodo que cubre la ausencia en el puesto de trabajo, haya otras opciones que vienen de otros canales: el de la solidaridad ciudadana. Ello no debería ser entendido como un fraude social sino como una señal de que el ser humano es un sujeto moral autónomo, que reacciona solidariamente ante el padecimiento ajeno, lo que es loable.
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