La democracia original, la griega de las ciudades, era directa, porque se lo podían permitir. Los ciudadanos con derecho a voto acudían al ágora, a diario, si lo deseaban. Ese era su trabajo, cuando no estaban en edad militar y el templo de Ares permanecía abierto. El trabajo duro lo hacían las mujeres en sus gineceos y los esclavos en cualquier otro sitio.
Los romanos, en los tiempos de la República, practicaron un modo de oligocracia, que luego degeneró en una especie de coro, dispuesto a aplaudir al Emperador. Franco, como no entendía de política, se inspiró en aquello para montar su democracia orgánica, de la que somos herederos.
Aquellos romanos ya tenían castas: los más adinerados eran senadores, patricios de rancio abolengo, cuyos mejores blasones era tener corrupción de todos los tipos. Luego, venían los plebeyos: unos eran nobles, generalmente altos funcionarios, dotados de la ambición suficiente para llegar a ser patricios.
Otros no pasaban de simples équites, caballeros que disponían de un triste caballo al que podían sostener durante la paz y cuando Marte abría las puertas de su santuario y exigía sacrificios de perros de piel negra.
Los cives, que hoy llamamos ciudadanos, tenían derechos, por supuesto, igual que hoy; pero, andaban muy atareados en proveerse su alimentación y no podían acudir a las tertulias del Senado. Lo mismo que nos ocurre hoy.
Las castas romanas contaban con libertos, convertidos en clientes de sus antiguos amos, sin vacilación posible, ni remisión. Las mujeres y esclavos andaban con sus labores como en Grecia, y carecían de tiempo y derechos.
Por último, estaba la gente, no la de Errejón y Echenique, porque aquella gente tenía derechos, el ius gentium. Por cierto, muy sustancioso, aunque colocaba a cada quien en su sitio: ni xenofobia, ni xenofilia. ¡Qué tiempos, qué costumbres!
Todo este preámbulo viene a cuento del puente de Talavera de la Reina, una pirámide faraónica, epifenómeno de las obras públicas españolas, que alcanza una altura de 192 metros, con sus 10.000 toneladas de acero y 72.000 metros cúbicos de hormigón. Sólo ha costado casi 74 millones de euros, tras pagar el 28% de sobrecosto, justificado por lo escarpado y abrupto del terreno, insospechable a la hora de hacer el proyecto.
Y dicen los sabios que este puente no conduce a ningún sitio, que viene de la nada y acaba en un camino de cabras. Yo no me lo creo. Según cuentan las crónicas, el puente no fue idea de Ramsés II, aquel repolludo faraón, insaciable de su propio orgullo. Tampoco se le ocurrió al ínclito Felipe II, fastuoso constructor de imperios y obras públicas (¿¡!?) como el catafalco de El Escorial, la Torre Áurea del Alcázar de Madrid, los antiguos palacios de El Pardo y Aranjuez y los desaparecidos de Valsaín y Casa de Campo, levantados con esfuerzo de quiebra tras quiebra.
El constructor de esta maravilla moderna ha sido Barreda, un socialista de alcurnia y frente curtida al sol manchego, aupado por los votos de gentes, perdón, ciudadanos sencillos. Muchos de éstos son, desgraciadamente, analfabetos funcionales, trabajadores de jornadas inconsútiles de 12 ó 14 horas, un grado menos que la gleba medieval que, no obstante, pagan, con temor religioso, onerosos impuestos, alguno incluso declarado ilegal por la UE.
Éste puente, como los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón, Lérida, León, el Ave de Toledo a Cuenca (12 viajeros a la semana), las autovías “R” de Madrid y otras autopistas, algunos hospitales a todo lujo y las decenas de ermitas en honor a San Isidro, con que José Bono sembró su ínsula Barataria, en plena expansión del laicismo, no pueden ser monumentos inanes, carentes de utilidad. Si la utilidad no es pública, entonces es de otra índole, porque cuestan muchísimo dinero y quienes ordenan su construcción son nobles plebeyos, designados ex profeso en listas cerradas.
Los antiguos cónsules romanos, los cuestores y pretores, que ya iban para patricios, tenían mandatos limitados en el tiempo. Su gloria sólo duraba un año. Así de efímeras se las gastaban. Lo mejor venía después: la provocatio ad populum, un juicio de estancia, tal como lo repusieron y llamaron los Austrias para los Virreyes que retornaban de América. El pueblo acusaba al cargo saliente de sus injusticias, de la falta de sentido común, de los dispendios y el desprecio al bien de todos. Los jueces eran los cargos entrantes, aún revestidos de su toga cándida, de candidatos elegibles. ¡Loable intención del Legislador! Aquella provocación fue la madre de todas las corrupciones que aún quedaba por inventar, porque los nuevos cargos salían del juicio con su toga convertida en pingajo de taller de mecánico. Esto de hoy no es nuevo, aunque las togas de ahora sean negras, para mejor disimular los chafarrinones de tinta y las puñetas se hagan y rehagan, con facilidad de quita y pon.
La gran diferencia entre aquello de entonces y lo de ahora es que no había izquierdas y derechas, ni liberales y progresistas, ni capitalistas y proletarios. No existían banderías a las que achacar la podredumbre, como secuela de la ideología. Simplemente, eran bandidos que ejercían, ante el estupefacto pueblo pagano. Hoy, como en todo fin de época, la miseria también rezuma por doquier.
Necesitamos tender un puente hacia la esperanza, aunque ya no sea virtud teologal, que deje hondo el fangal y ponga en relación confianza y honradez, cumplimiento de leyes y compromiso de servicio, solidaridad tributaria y lealtad, esfuerzo y eficacia. La provocatio ad populum no dio resultado; pero, habrá que reinventarla, tal vez, creando una Agencia Estatal de Valoración de la Gestión Política…, cuyos informes sean inteligibles para analfabetos funcionales.