Bien sabido es que el antimilitarismo hispano proviene, por vía un tanto paradójica, del doceañismo gaditano. Su núcleo descansó en el recelo despertado en las mismas Cortes y en gran parte de la opinión pública por unas fuerzas armadas autónomas del poder civil liberal y, por consiguiente, fáciles de convertir en un elemento opresor de la ciudadanía. Nada, sin embargo, en la tradición española confirmaba estas aprensiones. El creador del Ejército español moderno, Carlos III el Reformador, fue un monarca en todo “civil”, muy alejado de los soberanos guerreros de la Casa de Austria y aun del mismo fundador de la dinastía borbónica. Ni siquiera con la dictadura –“civil”- de Godoy se detectó una injerencia castrense en cualquier ámbito institucional, sin que, a mayor abundancia, en toda la segunda mitad el siglo de las Luces ningún general obtuviera particular fama en la sociedad como caudillo o “miles gloriosus”. De ahí, que las prevenciones hacia un ejército pretoriano significaran un éxito espectacular de la difusión de la literatura pacifista norteamericana y roussoniana. Fieles a sus convicciones y lecturas juveniles, los líderes doceañistas fueron más consecuentes con su ideario que con la realidad española, en una política militar leída invariablemente desde hace más de un siglo y medio a la luz del desgraciado devenir ulterior de la existencia nacional.
Mas no por ello se han de olvidar, claro es, los numerosos obstáculos interpuestos en el momento de implementar los constituyentes gaditanos una política militar en una Constitución elaborada en el marco de una guerra devastadora y en el tránsito de un modelo de sociedad a otro, cuando las supervivencias del desplazado se mostraban aún con patencia y fuerza. Rumores y avisos de golpe de Estado, dictaduras pretorianas y rebeldías de cuadros castrenses poblaban el clima político y periodístico de la España fernandina en los meses de redacción de la Carta Magna y su inmediata vigencia. Ni una sola intentona o pronunciamiento debió de abortarse por la simple razón de su absoluta inexistencia. En todo buen gobierno son las realidades las que han de tenerse en cuenta. La desconfianza como principio cosecha siempre en política frutos cedizos. Campañas antimilitaristas de vasto radio y audiencia no podían contribuir a fomentar un clima de recíproca sintonía entre el régimen liberal y el Ejército, más allá de los deberes de subordinación y obediencia al gobierno de la nación del lado de la institución armada.
El retorno de “El Deseado” en mayo de 1814, después del golpe de Estado en Valencia protagonizado por el general Elio, no encontró, según se recordará, resistencia alguna a lo largo y ancho del país. Sin textura ni dinamismo de un mínimo radio nacional, la sociedad civil encarnada en la burguesía se manifestó por entero impotente para defender su modelo en una España todavía abrumadoramente rural y alejada de las sendas de la modernización. Cuando tras el segundo ensayo constitucional (1820-23), en la primera de nuestras excruciantes contiendas fratricidas, la España liberal se descubrió definitivamente asentada con su triunfo en el campo de batalla, la infirmidad y raquitismo de su plataforma burguesa dejaría un ancho vacío en la gobernación del país, que habría de llenarse, en el reinado de Isabel II (1843-68) por el llamado “régimen de los generales”.
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