Los puntos negros del acuerdo entre PNV y PSE

Aunque desde PNV y PSE se ha explicado que su acuerdo persigue crear empleo, crecer económicamente, garantizar unos servicios públicos de calidad y consolidar una convivencia desde el reconocimiento y reparación de las víctimas, también han subrayado que se trata de un acuerdo para actualizar el autogobierno.

Es aquí donde aparecen algunos de los puntos del acuerdo que más interrogantes presenta, ya que, aunque se apunta que se hará desde el respeto a la legalidad, se buscará un "final ordenado" de ETA, el acercamiento de los presos de la banda terrorista al País Vasco o un nuevo estatuto de autonomía con aspectos tan controvertidos como el derecho a decidir o el reconocimiento de Euskadi como nación.

El punto de los cuatro del acuerdo PNV-PSE es el dedicado a "La convivencia y los derechos humanos", un asunto en el que el objetivo será "consolidar la paz y la normalización de la convivencia y contribuir, para ello, también en la materialización del fin definitivo de ETA".

Sobre el "final ordenado de la violencia", se apuesta por el apoyo a "la verificación de un calendario de desarme definitivo, que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución".

Además, incluye una "propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y favorezca el acercamiento de presos" al País Vasco.

Por otro lado, el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE incluye que la ponencia creada en el Parlamento vasco hará un borrador de un nuevo estatuto de autonomía en un plazo de ocho meses. El apartado de autogobierno, que ocupa 10 de las 71 páginas del texto pactado, reconoce a los dos socios la "libertad para defender" en la ponencia de autogobierno sus "respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno".

En el texto pactado, nacionalistas y socialistas no concretan una posición común sobre esta materia y solo mencionan las cuestiones que se debatirán en el Parlamento, como el "reconocimiento de Euskadi como nación" o el "reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigentes en cada momento".

También aboga porque la memoria y el honor de las víctimas "no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado. Trabajaremos para que todas las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización".

En este sentido, apuestan por el desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas aprobada en julio por el Parlamento vasco y por continuar con la "clarificación y reconocimiento institucional vasco de la verdad de la memoria histórica y de reparación a las víctimas".

Además del desarme y la disolución definitiva de ETA y la política penitenciaria, el tercer punto destacado del acuerdo es la necesidad de trabajar en la memoria crítica sobre el pasado.

Para ello, además de insistir en trabajar en la educación, se creará en el Parlamento vasco una ponencia específica sobre Memoria y Convivencia en Euskadi.

Por último, el acuerdo hace una mención a preocupaciones "emergentes" en el ámbito de la convivencia y el respeto a los derechos humanos, como las personas refugiadas, las migraciones, la pluralidad religiosa y cultural o las nuevas formas de exclusión e injusticia.

En este contexto, se impulsará desde el Gobierno vasco un Plan Integral de Convivencia y Derechos Humanos para la Legislatura 2016-2020.