38 años hace que se aprobó la Constitución de 1978. En cada aniversario se pronuncian discursos y se escriben textos sobre su reforma. Las dos veces que se ha modificado su texto, en 1992 y 2011, en ambas fue por exigencia e impulso de las instituciones europeas; la primera, con un gran consenso en las Cámaras para que los europeos tuviesen derecho de voto en nuestras elecciones locales, y la segunda, con sólo los votos de los grandes partidos para limitar constitucionalmente el endeudamiento del Estado. Nunca hubo reforma por decisión propia de los agentes políticos nacionales o internos.
En 1995 la ponencia creada en el Senado estuvo más cerca de reformar la Constitución que cualquier intento posterior. En el primer debate senatorial sobre el Estado de las Autonomías, el primero que se produjo con presencia de los presidentes de los gobiernos autonómicos (efecto de la reforma que se hizo durante mi presidencia), el Senado aprobó por unanimidad (el PNV no lo hizo porque no quiso asistir al debate multilateral) reformar la Constitución “para adaptar el Senado al Estado de las Autonomías”.
Fue Alberto Ruiz Gallardón quien propusiera en aquel primer debate su reforma. El PSOE entonces no llegaba a tanto, pues se limitaba a probar parlamentariamente el nuevo reglamento del Senado con la creada Comisión General de las Comunidades Autónomas, el único espacio institucional donde los gobiernos autonómicos estaban con las mismas potestades que el gobierno nacional o central. La Comisión General era un embrión de un Senado reformado, o sea, que sus facultades no eran sino meramente indicativas o simbólicas. Para que las Comunidades Autónomas pudiesen participar en la política estatal a través del Senado -que es la esencia del federalismo en Alemania y en Estados de parecida planta, como España- la reforma constitucional era imprescindible. Alberto Ruiz Gallardón, entonces portavoz de su grupo en el Senado, no compartía la prudencia reformadora de los socialistas y defendió su moción con esos argumentos, con lo cual, los socialistas y los demás grupos se sumaron a su tesis, aprobando su moción por unanimidad.
En 1996 y 1997, ya con gobierno de Aznar y con mayoría popular en las dos Cámaras, se siguió avanzando en la ponencia senatorial para reformar constitucionalmente el Senado. Pero en 1998 sucedieron acontecimientos que hicieron imposible no sólo cualquier reforma, sino imposible cualquier consenso. Entonces se firmaron la declaración de Barcelona (el precedente del soberanismo posterior), y el acuerdo de Lizarra (donde el PNV acordó con ETA una política de exclusión absoluta de los partidos constitucionales) y como reacción elemental y oportunista, el PP se negó terminantemente a reformar la Constitución, denunciando poco menos que como peligrosos a quienes seguían proponiendo su reforma y la del Senado. Hacia el verano de 1998, todos los presidentes autonómicos del PP, con la presencia de Manuel Fraga y liderados por Eduardo Zaplana, cerraron la ponencia con el argumento, sencillamente falso, de que Laborda y Rigol, entonces representantes del PSOE y de CiU en esa ponencia, querían dar derechos a las nacionalidades de Euskadi, Cataluña y Galicia, que no tendrían las regiones de la llamada vía lenta al autogobierno.
Lo que Rigol y Laborda habían propuesto en esa ponencia era que cualquier Comunidad que tuviese reconocido por alguna ley nacional o autonómica un “hecho diferencial” tendría capacidad para activar resortes institucionales en un Senado reformado, y por aquel entonces pensábamos en nuevas legitimaciones para acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los signos culturales de las autonomías. Poco después, Rigol y Laborda publicaron un artículo firmado por los dos en “El País”, en el que se afirmaba que la reforma del Senado respetaba absolutamente las competencias del Congreso de los Diputados, como Cámara depositaria de la soberanía indivisible de la Nación.
Dio igual. Desde el verano de 1998 se abandonó ese debate. El Senado ha seguido creando esa ponencia, pero carece de capacidad para trascender en la política de nuestros días. Yo comparecí en ella hacia 2012, y les manifesté a los senadores presentes que sólo una ponencia de senadores y diputados podría tener capacidad para llevar a cabo la reforma de la Constitución y de la Cámara.
Desde 1998 hasta nuestro presente han sucedido acontecimientos mundiales o globales que están operando en contra de la política de acuerdos, nacionales e internacionales. Podríamos afirmar que el mundo está en el “modo Trump”, conectados a un mecanismo que hace que todo sea imprevisible y sin modelos que sirvan para el futuro.
Y en ese contexto se prevé reformar la Constitución. La doctrina de Aznar sobre la peligrosidad de reformarla ahora pasa por ser una profecía autocumplida. Esta semana, el expresidente Aznar, en su nueva fundación FAES, ha cargado contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por su actitud negociadora con Cataluña, y por reconocer los errores del PP cuando creyó que el Estado se podía integrar con el partido y desde el Gobierno. En 1998 unos cuantos, Rigol y yo entre otros, sosteníamos que sería el Senado reformado el factor primordial de integración.
Hoy los partidos políticos ya no pueden hacer solos la reforma. Habría alguna posibilidad si nuestros representantes consiguieran que la sociedad confiara en las instituciones y que de ellas pudiera brotar un impulso cultural o espiritual que sacara adelante unas reformas que parecen ser tan imposibles como necesarias. Mi modesta opinión: una Comisión Mixta de diputados y senadores dedicarían un año, por lo menos, a escuchar a ciudadanos que tengan opiniones valiosas sobre las reformas necesarias. Así, además, nuestros representantes en las dos Cámaras estarían obligados a mostrarse atentos y receptivos, habiendo recuperado el sentido del diálogo y de los acuerdos.
Si (
No(
