Para Alemania la cuestión de los solicitantes de asilo en el país se ha convertido en una cuestión de supervivencia no sólo política, lo que afectaría principalmente a la canciller alemana Angela Merkel, sino de supervivencia ciudadana. El hecho de que se recibieran en menos de un año cerca de un millón de solicitudes de asilo, tras asumirse la política de puertas abiertas al estallar la crisis migratoria de 2015, hizo saltar todas las alarmas. De hecho, creo que ello ayuda a entender el retroceso en las cifras del 2016 en Alemania, que arrojan una cantidad inferior a un 69% (280.000) con respecto al año anterior.
Ahora bien el caso alemán es solo una pequeña muestra de lo que ha ocurrido a nivel general en la Unión Europea, al haber descendido la llegada de inmigrantes a la Unión Europea hasta un 72% en el año 2016. Son dos los factores principales que, a mi juicio, han desencadenado esta disminución: por una parte, el cierre de la ruta de los Balcanes, promovido por Austria y otros países afectados, a excepción de Alemania, y, por otra, el acuerdo migratorio con Turquía firmado por la UE, a instancias de Angela Merkel.
Bien es verdad que Alemania, Austria, Francia, Suecia, Dinamarca y Noruega mantienen los controles de fronteras en el área Schengen (libre circulación de personas), y ello provoca que los flujos hayan aumentado por la ruta del Mediterráneo central desde Libia hacia Italia, con un avance importante por la presión que deriva del continente africano. La presión en las fronteras exteriores de la Unión Europea es enorme, tanto por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo como por las llamadas migraciones económicas procedentes de África. A estas alturas nadie ignora que la política migratoria constituye un factor clave en términos políticos y, de hecho, va a ser una cuestión decisiva en las próximas elecciones de Holanda, Francia y Alemania.
Son muchas las preocupaciones que surgen al hilo de las decisiones en torno a la forma de gestionar la entrada de migrantes en la Unión Europea. Una de ellas es el ingente impacto que estas decisiones están teniendo en el ámbito de la cooperación al desarrollo y, en definitiva, sobre los países más pobres, necesitados de subsidios económicos para precisamente evitar la salida de personas de sus fronteras en busca de un futuro mejor.
En la Cumbre de La Valeta, que reunía a la Unión Europea y África a finales de 2015 para discutir la agenda de migración se establecieron los cimientos para servirse de la ayuda internacional como herramienta en aras de limitar la movilidad de las personas. La cooperación con los países que garantizan el control fronterizo y la materialización de acuerdos para levantar vallas y muros fueron algunos de los pasos que se concretaron, convirtiéndose sólo en el inicio de un plan a desarrollar muy a largo plazo.
El problema que se viene detectando es que cada vez son más los Estados miembros de la Unión Europea que optan por destinar un porcentaje de su ayuda oficial al desarrollo (AOD) para cubrir los costes derivados de aceptar a los refugiados en sus países. Con ello se pasa por alto que la admisión de refugiados (con todas sus implicaciones incluidas las financieras) es una obligación internacional reconocida en la Convención de Ginebra de 1951. De tal manera que constituye un grave error considerarlo como parte de la ayuda al desarrollo, único medio que en realidad existe para combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo. Debemos ser conscientes de que al reducirse la cooperación a países como Líbano, Pakistán o Etiopía, que acogen grandes números de refugiados, se terminan por violar normas internacionales.
Otro de los problemas que se vislumbran de una mala gestión es el modo de computar los fondos dirigidos al control migratorio. Mientras que los costes de los refugiados pueden ser contabilizados como AOD si se cumplen ciertas condiciones acordadas por la OCDE, en el caso de los costes derivados de los migrantes ello no es posible. Esta diferenciación obedece al diferente status legal al que están sometidos cada uno de estos tipos de costes. Por ello no parece que esté justificado que se computen como si se tratara de lo mismo.
Precisamente porque la Unión Europea ha sido hasta la fecha uno de los principales donantes del mundo, no puede dejar de apostar por la cooperación al desarrollo sin que ello sea impedimento para ayudar de forma racional y solidaria a los refugiados y a los migrantes que llaman a su puerta.
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