Donald Trump ha estrenado su mandato, hecho oficial el pasado 20 de enero, pretendiendo demostrar una coherencia inquietante con respecto a su retórica electoral. Se ha urgido el magnate devenido en presidente de los Estados Unidos de América en autografiar diez órdenes ejecutivas desde que tomó el timón del país, algunas de ellas especialmente polémicas -sobre todo las relativas a la inmigración-, pero el sistema jurídico y parlamentario del gigante norteamericano enfangará la celeridad de tales ocurrencias efectistas.
Sin rebuscar en sus primeras directrices publicadas, no es necesario atender más que a su última apuesta abrasiva -incluso para parte de su partido- para comprobar que no le va a resultar tan sencillo imponer los pensamientos populistas que le condujeron a ese sillón. La trinchera que habrá de superar, conformada por los resortes del Congreso (sustentados en los automatismos de control demócrata), los Ejecutivos estatales y locales y los tribunales, ya ha asomado para marcar territorio y refrescar a Trump el muro interno que deberá sortear en cada paso que pretenda dictaminar.
No obstante, si el viernes levantó una buena polvareda social al firmar la orden ejecutiva que suspendía la acogida de refugiados y cercenaba la entrada al país a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana (con el fin de combatir a la amenaza terrorista, según argumentó en un discurso reminiscente al 11-S), horas después alzaba la voz una jueza federal. Ann M. Donnelly, titular del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn -Nueva York-, expuso este sábado un revocamiento de las intenciones del gobernante. Calificó como ilegales las deportaciones de los refugiados -y demás seres humanos con nacionalidades "sospechosas"- que ya hayan arribado a aeropuertos estadounidenses. No ha tardado demasiado en asomar el primer revés a la voluntad de Trump.
Profundizando en el epígrafe migratorio -que le granjeó un buen puñado de crédito en los comicios-, la muralla de "construcción nmediata" para separar a EEUU de México resalta como protagonista. La orden, que incluía la penalización económica a aquellas ciudades que "protejan" a migrantes sin papeles y ha fracturado las relaciones bilaterales con su vecino latinoamericano debido a la intención de que el Gobierno de Peña Nieto pague la edificación del muro -de manera directa o indirecta-, tendrá que ser sometida al filtro del Congreso, que podrá vetar la financiación para la consrucción de la afamada verja y, además, revocar la sanción a ciudades como Los Ángeles -en cuya comunidad conviven inmigrantes indocumentados-.
En esta línea fiscalizadora se pronunció Jerry Brown, gobernador de California. El dirigente demócata aseguró que su estado, que luce la economía más gruesa de la nación, "no va a ir hacia atrás en la lucha por los derechos civiles". Y también añadió su critario el alcalde de Nueva York, otra de las ciudades señaladas por Trump. "El golpe de una pluma en Washington no cambia a la gente de Nueva York ni nuestros valores y no deportaremos a los neoyorquinos respetuosos con la ley, no vamos a separar familias", declamó Bill de Blasio al conocer las intenciones del presidente electo.
El caso es que el Ejecutivo nacional no está en disposición exclusiva para usar fondos federales para costear las apuestas del equipo de gobierno. Como se mencionaba con anterioridad, tal distribución del gasto público es potestad del Congreso y el soberbio grosor de la deuda federal no pronostica como razonable el estipendio florido de dichos fondos. Aunque Paul Ryan, presidente republicano del Parlamento, ve con buenos ojos añadir el coste del muro fronterizo a los presupuestos -supondrían en torno a 15.000 millones de dólares-, la aprobación de las cuentas también depende del bando demócrata, a pesar de que no gocen de mayorías.
Por último, amén de las cortapisas que le podrían plantear las oranizaciones expertas en la defensa de los migrantes y las cortes y tribunales, por pequeños que resulten, la condena internacional se ha hecho notar en las reacciones a la expolsión generada tras su semana de artificio. La canciller alemana Angela Merkel aseguró este domingo que está "convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión". El rechazo de la gestora de Alemania se vio apoyada por voces interiores, como la del alcalde-gobernador de la capital, Michael Müller -"Berlín, la ciudad de la división europea, de la libertad europea, no puede permanecer en silencio mientras otro país planea edificar otro muro. Los berlineses sabemos mejor que nadie cuánto dolor provoca una división cimentada por un muro y alambradas"-, y exteriores, como la de Theresa May. La primera ministra británica ordeó a sus ministros de de Interior y Exterior que hablaran con EEUU. Éste último, Boris Johnson, definió el criterio británico al respecto: "Vamos a proteger los derechos y libertades de los nacionales del Reino Unido, aquí y en el extranjero. Es divisorio y equivocado estigmatizar por la nacionalidad".
La Comisión Europea, que estudia los efectos que dichas medidas migratorias podrían conllevar en la unión, también criticó el criz de las políticas de Trump. Lo hizo a través de su portavoz, Annika Bredidhardt , quien aseguró este domingo que "Europa ha cometido errores en el pasado haciendo distinciones entre judíos, cristianos y musulmanes. No hay religión, creencia o dogma respecto a los refugiados". Incluso Hollande pudo recordar a Trump "su convicción de que el combate para la defensa de nuestras democracias no es eficaz mas que si nos enmarcamos en el respeto de los principios que las sustentan, en particular la acogida de refugiados", en una conversación telefónica mantenida este sábado. Todo ello se desarrolla en pleno hervir de las protestas que han copado varios aeropuertos estadounidenses -sobre todo el más importante de San Francisco- y que han incendiado una llama de confrontación hacia la Casa Blanca que no cesa en las útimas semanas.
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