La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes.

Según el ministerio público, los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

Mas, Ortega y Rigau han sido recibidos al filo de las ocho de la mañana en el Palacio de la Generalidad por el Gobierno catalán en pleno, encabezado por el presidente Carles Puigdemont, en un acto de apoyo en el que les arropan y les acompañan a pie hasta el Palacio de Justicia, donde está previsto que el juicio arranque a las 09.00 horas.

Las plataformas soberanistas han convocado a miles de personas en el paseo de Lluis Companys de Barcelona, donde se encuentra el edificio judicial, para protestar por un juicio que consideran político y mostrar su respaldo a los tres encausados.

Un total de 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir el juicio, que se iniciará a las 9.00 horas de con la exposición de las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas ante el tribunal.

Puigdemont: "Hoy muchos nos sentimos juzgados"

Mientras tanto, el presidentecatalán Carles Puigdemont ha expresado este mismo lunes su "indignación" por el hecho de que se juzgue a los promotores de la consulta del 9N y ha denunciado: "Hoy muchos nos sentimos juzgados".

En una declaración institucional en la Galería Gótica del Palacio de la Generalidad, junto a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, antes de que estos se dirigiesen al Palacio de Justicia de Barcelona para ser juzgados, Puigdemont ha afirmado que el expresidente y las dos exconsejeras defenderán su dignidad "no arrodillados sino en pie".

Puigdemont ha acusado al Estado de "judicializar" asuntos que deberían resolverse por la vía política y cometer "todo tipo de abusos para perseguir ideas", aunque ha advertido de que encontrarán "la misma respuesta que encontraron tras la campaña de recogida de firmas" del PP contra el Estatut de 2006, "firmas a menudo convertidas en firmas contra Cataluña", ha dicho.

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