Las autoridades alemanas ilegalizaban esta semana ayer la asociación islamista Fussilet 33, de la que formaba parte el inmigrante tunecino que el pasado mes de diciembre asesinó a 12 personas en un mercado navideño de Berlín. Se trata de una operación al más alto nivel, en la que se han llevado a cabo registros y detenciones en todo el país, donde los servicios secretos vigilan a unas 90 mezquitas sospechosas de fomentar el yihadismo.
Todo ello coincide con el anuncio de las medidas que el gobierno de Angela Merkel pretende implementar en materia de inmigración, algunas de ellas ciertamente polémicas -intervenir dispositivos móviles de personas sospechosas o expulsar en un plazo máximo de 10 días a quienes mientan en su solicitud de asilo-. En este debate se mezclan cuestiones de seguridad pública con otras en las que empieza a calar el discurso populista de tintes xenófobos.
Sin embargo, hay datos preocupantes que justifican la adopción de estas medidas. Se estima que de todos los inmigrantes que el pasado año llegaron a Alemania, 1.600 de ellos son peligrosos y entre éstos, entre 300 y 400 serían potenciales terroristas. El país ha gastado ya más de 21.000 millones de euros sólo en su acogida, a lo que habría que sumar una cantidad igualmente elevada en lo que a labores de vigilancia y seguridad se refiere. Es, pues, un asunto –en Alemania y en el resto de la Unión- que requiere ser tratado con la misma dosis de sensibilidad que de sentido común, sin obviar el riesgo que supone la política de puertas abiertas sin control alguno.
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