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Ante la militarización definitiva de Venezuela

Ante la militarización definitiva de Venezuela

EL IMPARCIAL
jueves 11 de mayo de 2017, 16:59h

La Conferencia Episcopal Venezolana, mediante Comunicado de fecha 6 de mayo de 2017, alertó que en Venezuela la violencia se ha institucionalizado, a través de su uso excesivo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de grupos urbanos para militares armados, mal llamados colectivos, que actúan libremente ante la cómplice mirada y pasividad de los órganos de seguridad del Estado.

Cada vez son más reales los riesgos de que se instalen definitivamente escenarios de mayor violencia e ingobernabilidad y, en tal sentido, pareciera que el régimen de Nicolás Maduro diseña una estrategia peligrosa para justificar con ello la definitiva toma absoluta del poder político en Venezuela.

Como bien lo ha descrito la Conferencia Episcopal Venezolana, el uso de la represión ha sido excesivo, al punto de que no sólo se limita a reprimir a quienes protestan, sino que llega incluso a convertir en blanco a grupos familiares, instituciones educativas, conjuntos residenciales, y hasta centros de salud.

El riesgo de desatar una violencia incontrolable se agrava con el anuncio de incorporar a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la defensa integral de la Nación a través de un denominado Plan Defensivo Territorial, que incluiría su entrenamiento militar.[1]

Este anuncio genera alarma, en especial si se interpreta a la luz del Comunicado Oficial del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de fecha 18 de abril de 2017, en el que se advierte sobre un plan contra los intereses de la nación, a través del cual se pretendería ejecutar una agenda criminal y cargada de odio que implicaría actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo y otras formas de violencia contra personas inocentes e instalaciones públicas.

En ese Comunicado, la FANB reconoce la existencia de bandas violentas, pero además, formula una acusación contra algunos diputados de la Asamblea Nacional, a quienes califica como desestabilizadores e insurrectos, argumentando que han minado la institucionalidad del Estado y han obstruido la gestión del Poder Ejecutivo.

El contenido de tal Comunicado Oficial siembra profundas dudas sobre el papel de la FANB como actor al servicio de toda la Nación y no de parcialidad política alguna, como expresamente lo ordena la Constitución vigente.

El Gobierno pareciera buscar que circunstancias extraordinarias en el ámbito político, social y económico, le permitan justificar la aplicación de algunas medidas como el anunciado Plan Zamora, a través del cual pretende someter a la jurisdicción militar a los civiles detenidos en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica y legítima[2], como ya ha sucedido en varios estados, y frente a lo cual el Ministerio Público se está pronunciando en contra.

Precisamente en el Decreto que convoca a una Asamblea Constituyente y en el Comunicado mediante el cual la FANB respalda esa iniciativa, está muy claro que uno de los argumentos en los que se soporta la necesidad de impulsar ese mecanismo de reforma constitucional es precisamente la amenaza al orden constitucional, por parte de actores presuntamente antidemocráticos, que amenazarían con la fragmentación del tejido social.

Peligrosamente se va construyendo una narrativa política desde el Estado, que a todas luces se orienta a consolidar la militarización del Poder Político en Venezuela y a destruir cualquier forma de oposición política democrática, narrativa que pareciera calcada de la utilizada por las dictaduras militares que asolaron a nuestra región en tiempos pasados.

La Comunidad internacional debería estar atenta a esta deriva militarista dictatorial para actuar en consecuencia.

[1] https://www.lapatilla.com/site/2017/05/08/pedro-carreno-anuncia-que-militantes-del-psuv-tendran-entrenamiento-militar-video/

[2] http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/carabobo-activan-justicia-militar-traves-del-plan-zamora_651330

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