Propuestas para una mayor independencia de la Fiscalía

Es evidente que España se encuentra actualmente sumida en una situación preocupante de numerosos casos y escándalos de corrupción, que crean una importante alarma e indignación social, y que es necesario afrontar de una forma urgente y decidida por los responsables políticos y parlamentarios de este país. Así lo vamos manifestando desde hace tiempo en Transparencia Internacional.

También venimos proponiendo la necesidad tan urgente como necesaria de adoptar un Pacto integral contra la corrupción por parte de las formaciones políticas que haga frente de forma firme, rápida e inequívoca al muy importante problema de la corrupción.

Por otra parte, la reciente y mayoritaria reprobación por el Parlamento español del Ministerio de Justicia, el Fiscal General del Estado, y el Fiscal Anticorrupción, pone de manifiesto una amplia sensación social de falta de independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno y al Poder ejecutivo, y en definitiva una quiebra de la credibilidad social que atraviesa en estos momentos la cúpula política de la Justicia y los máximos responsables del Ministerio Fiscal.

Dada la singular y preocupante situación actual respecto a la Justicia y la Fiscalía, Transparencia Internacional propone una serie de medidas concretas para aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal, así como su nivel de independencia respecto al Poder ejecutivo, y especialmente respecto al Ministerio de Justicia. Sin este urgente y necesario aumento de la transparencia y la independencia en la Fiscalía, no se podrá evitar la actual falta de credibilidad social de la misma, y los ciudadanos no verán garantizada la necesaria y decidida lucha contra la corrupción por parte de esta institución fundamental del Estado para combatirla.

Vamos a resumir en este artículo algunas de las propuestas que formulamos en Transparencia Internacional al respecto.

1. Necesidad urgente de un Código Ético de la Fiscalía. Es urgente la aprobación y publicación de un Código Ético de la Fiscalía General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos órganos de la Fiscalía respondan a unos principios de ética, integridad y transparencia. Ello contribuirá, además, a un aumento de la credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos respecto a esta institución.
2. Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al Poder ejecutivo, y clarificar la relación entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia. El Ministerio Fiscal precisa disponer de un presupuesto propio para poder ejercer de forma independiente sus funciones. Si como ocurre ahora, depende financiera y presupuestariamente del Poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) ello supone una evidente limitación en su independencia. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2007) establece la necesaria individualización o autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, disposición legal que diez años después (2017) no se ha llegado a cumplir. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa viene denunciando este hecho y en sus Recomendaciones al Gobierno de España (Informe 2013) establece la necesidad de impulsar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal como mecanismo crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política

El mismo informe de 2013 recomienda vehementemente a España que se regule con transparencia en la Ley la relación entre el Fiscal General y el Gobierno, quien puede dirigirse al Fiscal para interesar su intervención en defensa del interés público. Deben regularse y conocerse los supuestos y casos en los que el Gobierno puede hacer uso de esa facultad, darse a conocer tales solicitudes, y el Fiscal General debe rendir cuentas de su actuación subsiguiente. España manifestó al Consejo su voluntad de implementar esa Recomendación, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

3. Escasez de recursos humanos y lentitud en la Justicia. Resulta urgente afrontar por parte de la clase política y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la Justicia en España: Hay en este país aproximadamente la mitad de jueces (11) que la media de la Unión Europea (21) por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los Fiscales, ya que en Europa hay 12 Fiscales por cada cien mil habitantes frente a los 5 Fiscales que hay en España; y además el personal de apoyo se estima en 0,7 funcionarios por Fiscal mientras la media europea es de 1,5. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la Justicia en este país.

En este sentido, y dada la intolerable demora existente en la instrucción y el enjuiciamiento, resulta tan necesario como urgente adoptar medidas legales e institucionales para duplicar como mínimo la plantilla de jueces y fiscales en un corto periodo de tiempo. La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la Justicia penal ello conlleva que el último resorte de intervención y de garantía del Estado no funciona.

4. Transparencia en los nombramientos. Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción sean reuniones públicas y sean grabadas, tal como se hace en numerosos países, y en España para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Es igualmente necesario hacer públicos los nombramientos por el Fiscal General de cargos como los Fiscales decanos, o los Delegados anticorrupción, entre otros, los cuales se deberían publicar tanto en la propia web de la Fiscalía como en el Boletín Oficial del Estado (cosa que ahora no ocurre ya que su inclusión no pasa por un Real Decreto). Es muy importante para la transparencia de esta institución que se publiquen estos nombramientos.

5. Reforma jurídica de la carrera fiscal. Resulta urgente la reforma del Reglamento de Carrera Fiscal que data del año 1969, y la necesaria regulación legal y reglamentaria de esta carrera con el fin de adaptarla a la regulación recogida en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, y avanzar así en el camino de autonomía e independencia de la Fiscalía General. No cabe olvidar que según la Constitución y el Estatuto Orgánico, el Ministerio Fiscal se integra con autonomía dentro del Poder Judicial (Art. 2 Estatuto).
6. Insuficiencia de recursos tecnológicos. El Ministerio Fiscal adolece de claras insuficiencias tecnológicas, y necesita contar con herramientas propias que hagan posible desempeñar sus funciones de una forma eficaz, y que aseguren el principio de unidad de actuación de un Ministerio Fiscal que trabaja en un mapa tecnológico muy complejo donde conviven una gran diversidad de aplicaciones. Una buena parte del nivel de su eficacia operativa depende de la resolución de estas limitaciones tecnológicas.
7. Asunción de competencias básicas por la Fiscalía General. Resulta necesaria la reforma del régimen de formación de los Fiscales, tanto en lo relativo a la formación de quienes ingresan en la carrera fiscal, como de la formación continuada de los Fiscales. Es necesario que tanto la selección como el desarrollo de la formación de los fiscales pase a ser competencia del propio Ministerio Fiscal, de cara a aumentar su nivel de independencia en lo relativo a esta importante función para el desarrollo profesional de los Fiscales.
8. Transparencia en los planes de actuación de los Fiscales. Es necesaria la publicación de los Planes de actuación de los distintos Fiscales jefe y de los Fiscales de sala (actualmente sólo se publican, y de forma efímera, los planes de los candidatos a las plazas de estas Fiscalías). Es un elemento básico de transparencia que se publiquen estos Planes, y especialmente el Plan de actuación del Fiscal Anticorrupción, para que los ciudadanos puedan conocer con cierto detalle las actividades que desarrollan y las que tienen previstas. También se deberían publicar las asignaciones, modificaciones o revocaciones de fiscales que pueda haber dentro de la Fiscalía.
9. Autonomía en la dotación de nuevas plazas de Fiscales. Actualmente la dotación de nuevas plazas es un atributo específico del Ministerio de Justicia. Nadie mejor que la Fiscalía conoce sus necesidades para que al menos pueda proponer las dotaciones anuales de las nuevas plazas de esta institución.
10. Equilibrio de edad y de género. Es necesario un progresivo rejuvenecimiento de la plantilla de los Fiscales de los órganos centrales, cuya edad media alcanza los 58 años. También resulta necesario un mayor equilibrio de género en los órganos máximos de decisión del Ministerio Fiscal, en los que prevalecen en clara mayor medida los hombres sobre las mujeres.
11. Reforma procesal. Es necesaria una importante y progresiva reforma procesal, acorde con el sistema judicial existente en la generalidad de los países desarrollados, de manera que el Fiscal sea el instructor, y no el propio Juez que actualmente instruye y dicta sentencia. Debería haber un Fiscal instructor, un Juez de garantías y la Defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales. La implementación de tal reforma, sin embargo, no resulta recomendable si previamente no se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, en la línea apuntada por el Consejo de Europa (referida en la propuesta 2), y se satisfacen suficientemente las necesidades personales y materiales de la institución (señaladas en las propuestas 3 y 6), condiciones ambas necesarias para que la Fiscalía pueda hacerse cargo de la instrucción penal preservando las garantías de imparcialidad y eficiencia de la institución.
12. Creación de una Oficina de Prensa en la Fiscalía. Resulta necesaria la creación de una Oficina de prensa en la Fiscalía General, que pueda canalizar la información a los medios de una manera puntual, rigurosa y objetiva, acreditando la necesaria apertura informativa en una institución como ésta, y de una forma similar a lo que ya existe en órganos como el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.