El último atentado terrorsita en Londres ha vuelto a poner en evidencia el modelo de seguridad europeo. Pese a las medidas de seguridad -con la final de la Champions en Cardiff y a una semana de las elecciones- ha quedado patente la vulnerabilidad patente ante la determinación de quien tiene como objetivo hacer daño. Más allá de las implicaciones del Brexit -es de suponer que seguirá habiendo máxima cooperación en materia de seguridad- hay carencias que urge revertir. Por ejemplo, a la hora de poner en marcha un fichero de pasajeros para, en caso de necesidad, conocer el itinerario seguido por un potencial yihadista y tenerle más controlado.
Dichas carencias son también evidentes en redes sociales: urgen una mayor vigilancia en la red, habida cuenta de que el terrorismo islámico utiliza estas vías para labores de captación y propaganda. Uno de los logros de la construcción europea fue el tránsito libre de personas y mercancías. Por desgracia, la amenaza terrorista obliga inexorablemente a tomar medidas. Ya ocurrió tras los atentados del 11-S, a raíz de los cuales se reforzaron los controles en todos los aeropuertos. Pese a la incomodidad que generan, han servido para evitar nuevas matanzas.
Y es de eso de lo que se trata ahora: evitar en lo posible que atentados como el del pasado fin de semana en Londres o masacres como la perpetrada en Bruselas hace poco más de un año se vuelvan a repetir. Es inaudito que en la UE no exista un cuerpo policial y de inteligencia que tenga jurisdicción en los 28 -ya 27- estados; precisamente para hacer frente a este tipo de amenazas. El precio de la seguridad pasa por una mayor fiscalización. Es eso o exponerse a que el terrorismo actúe de nuevo sin mayores trabas.
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