Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba la semana pasada un incremento de la plantilla del Centro Nacional de Inteligencia -CNI-, que contratará a 600 nuevos agentes hasta el año 2020. Con un presupuesto para 2017 de 161 millones de euros, un 8 por ciento más que el pasado año, la vicepresidente se refería a este asunto como “prioritario para la seguridad del país”, máxime con los atentados de Londres del pasado fin de semana como telón de fondo.
Sin embargo, la oposición sigue negándose a secundar esta medida. Desde Esquerra y Podemos han criticado abiertamente que “se invierta más en espías que en democracia”, en un nuevo ejercicio de demagogia sectaria. Y no es una pose de cara a sus bases, sino una profunda convicción de la izquierda antisistema.
Ayer mismo, Scotland Yard revelaba que durante los últimos meses se ha abortado casi una amenaza real diaria que, de no haberse evitado, habría tenido consecuencias iguales o peores que la de la noche del sábado. Francia y España no le van a la zaga, llevando a cabo una ingente labor de prevención y vigilancia tan discreta como efectiva. Justo para eso se potencia el CNI. Lo preocupante es que haya quien lo cuestione.
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