Sanciones a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia

En 1335, el rey Carlos Roberto de Hungría convocó al rey de Polonia, Casimiro III el Grande -el último monarca de la dinastía Piast- y al rey Juan I de Bohemia, territorio histórico de la República checa. Los tres alcanzaron en la ciudad de Visegrado -en la actual Hungría- un pacto de no agresión y ayuda mutua que propició el desarrollo de Europa Central desde el Báltico hasta los Balcanes. Desde entonces, cada cierto tiempo, esta unidad de intereses entre los países del área que se extiende desde el Mar Negro hasta la costa polaca ha ido articulándose en distintos proyectos y alianzas. El más reciente fue la idea del mariscal Józef Piłsudski: crear una federación dirigida por Polonia y que comprendería Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Hungría, Rumanía, Yugoslavia y Checoslovaquia; además, naturalmente, de Polonia. En realidad, se trataba de reconstruir -en una versión muy ampliada- la antigua República de las Dos Naciones que había convertido a Polonia y Lituania en una superpotencia europea. Esta nueva federación se llamaría Międzymorze o, como es más conocida, Intermarium, por abarcar un territorio que iba de mar a mar. Nunca sabremos qué hubiera pasado si esa entidad hubiese nacido en el corazón de Europa. Tal vez hubiese habido alguien capaz de enfrentarse a la Unión Soviética y la Alemania nazi.

Algo de este espíritu palpita en el llamado Grupo de Visegrad, que agrupa a Polonia, Hungría, la república Checa y Eslovaquia. Nació el 15 de febrero de 1991 -el muro de Berlín había caído apenas dos años antes- y los impulsores fueron el checoslovaco Václav Havel, el polaco Lech Wałęsa y el húngaro József Antall. 636 años después del encuentro de los tres reyes, Europa Central buscaba, de nuevo, un mecanismo de apoyo mutuo y cooperación regional. Desde entonces, el grupo ha tratado de ser un contrapeso al creciente poder de Bruselas y de los ejes alternativos en torno a los cuales se distribuye la influencia en la Unión Europea.

Contra los cuatro países del Grupo de Visegrad ha acordado la Comisión Europea iniciar procedimientos sancionadores invocando la negativa a acoger refugiados o a señalar lugares para su establecimiento. La República checa ha alegado motivos de seguridad para suspender el programa de reasentamiento de refugiados. Hungría, Polonia y Eslovaquia han criticado con gran dureza la imposición de cuotas a la vista de la evolución del programa acordado en 2015. De las 160.000 personas que se pensaba ubicar en los distintos países de la Unión, apenas se han establecido 20.000. Desde luego, la mayoría de los países europeos, desde España y Portugal hasta Austria, han visto con mucho escepticismo la asunción de las cuotas inicialmente comprometidas. En el trasfondo, está la cuestión de la seguridad, que es, por cierto, competencia nacional de cada Estado y no de la Unión. Junto al temor de que se puedan infiltrar terroristas, está el peligro para la cohesión social de los países más pequeños -por ejemplo, Eslovaquia- que temen la posible falta de integración de los refugiados que se establezcan en su territorio.

No se trata, pues, de un debate solo sobre derechos humanos. Nadie cuestiona que se proporcione a los refugiados la ayuda humanitaria que necesiten. Se trata, más bien, de los límites a la obligación de dar refugio a quienes huyen de conflictos armados o, como es el caso de parte de los llegados a Europa, de situaciones de pobreza.

Históricamente, la decisión de conceder refugio era una de las prerrogativas de un Estado. El desarrollo del sistema de derechos humanos en el siglo XX fue imponiendo obligaciones a los Estados que, en el caso de nuestro continente, se han visto aumentadas por las exigencias de la Unión. La actual situación está poniendo a prueba la resistencia de los mecanismos de ayuda humanitaria en Europa. Las objeciones en materia de seguridad, el posible efecto llamada que una política de cuotas puede producir y las consecuencias sociales en los países de acogida han llevado a la parálisis de la política diseñada en 2015.

Sin embargo, la imposición de multas no va a desbloquear la oposición abierta de unos y la pasividad deliberada de otros. Si Bruselas quiere imponer a los Estados el cumplimiento de un sistema de cuotas, puede ser la Unión quien salga perdiendo. La demonización de los gobiernos que critican el reparto solo logrará alienar aún más a unas sociedades que comienzan a ver las decisiones de Bruselas como una injerencia en competencias nacionales.

Sin duda, la Unión y sus miembros deben prestar asistencia humanitaria, pero los acontecimientos desde 2015 han ido mostrando que las preocupaciones en materia de seguridad deben tomarse en consideración, así como los otros riesgos de una política generalizada de establecimiento en el continente para todos los refugiados.

Es muy injusto lanzar, sin más, acusaciones de racismo, xenofobia e insolidaridad sobre los países del Grupo de Visegrad. Durante siglos, Europa Central ha sido un mosaico de lenguas, culturas, religiones y pueblos. François Fejtö, el gran intelectual francés de origen húngaro, describe esa diversidad deslumbrante en “Où va le temps qui passe?”, una serie de entrevistas con Jacqueline Cherruault-Serper en las que evoca esa Europa a la que él llama “nuestra patria”, la misma a la que los nazis y los soviéticos sometieron a un yugo terrible. En España, a veces, se olvida esta parte del pasado reciente de Mitteleuropa. Los grandes escritores de Europa Central, desde Joseph Roth a Ödön von Horváth testimonian esa diversidad que tenía, sin embargo, un trasfondo común que propició el florecimiento de la alta cultura europea. Ödön von Horváth describió ese mundo que ahora se siente amenazado en su seguridad: "Usted me pregunta por mi patria. Le respondo: nací en Fiume, crecí en Belgrado, Budapest, Bratislava, Viena y Múnich, y tengo pasaporte húngaro, pero ¿patria? No la conozco. Soy una mezcla típica de la antigua Austria-Hungría: magiar, croata, alemán y checo; mi país es Hungría; mi lengua materna el alemán." No, nadie puede dar a estos centroeuropeos lecciones de cómo convivir con la diferencia ni de las tragedias que provocan los nacionalismos, las ocupaciones y los experimentos sociales.

La Unión Europea no se salvará convirtiéndose en una instancia de poder supraestatal que impone sus decisiones a fuerza de sanciones. Es momento de hacer política y alcanzar acuerdos realistas que gocen de legitimidad. Los acontecimientos de estos dos años obligan a replantearse si es posible hoy lo que se tenía por tal hace dos años. El Grupo de Visegrad ha lanzado advertencias del peligro que la falta de realismo supone para la propia estabilidad de sus sociedades. Hay que cohonestar las obligaciones humanitarias con el deber de todo Estado de proveer seguridad y tratar de mantener la cohesión social. En este caso, las sanciones no son la solución.