La Cámara Baja ha aprobado con los votos de los 344 diputados presentes una reforma que también suprime la obligación para las personas con discapacidad visual o auditiva de presentar un informe médico cuando van a contraer matrimonio.

Unos 23.000 menores españoles llevan el apellido de su madre en primer lugar desde que se aprobara la normativa que permitió a los progenitores, solo en los casos en que hubiera consenso, invertir el orden tradicional de los apellidos, en el que prevalecía el del padre.

Previsiblemente, esa cifra aumentará a partir del 30 de junio, día en que se empezará a aplicar la reformada normativa. Cuando haya discrepancias entre los progenitores, será el encargado del Registro Civil quien decida qué apellido va en primer lugar. Para ello podrá tener en cuenta el orden alfabético, un sorteo o la estética, pero siempre tomará su decisión "atendiendo al interés superior del menor".

Bodas de personas ciegas, sordas o con otras discapacidades

En lo que se refiere a los casamientos de personas sordas, ciegas o con otros tipos de discapacidad se corrige un artículo del Código Civil que les iba a obligar a partir del 30 de junio a pedir un certificado médico.

Con dicha corrección, ese informe se requerirá "en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar ese consentimiento pese a las medidas de apoyo".

Asimismo, el Congreso incluye otra reforma para favorecer la protección de las personas con discapacidad, estableciendo que el letrado de Justicia, notario o encargado de Registro Civil que tramite el acta podrá recabar "la provisión de apoyos humanos y técnicos y materiales que faciliten la emisión e interpretación del consentimiento de los contrayentes".

Todos los grupos han justificado su apoyo a esta reforma para corregir, han defendido, "errores imperdonables" que desde la oposición han definido como "chapuza legislativa" aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta.