Un nuevo sistema de compensación por copia privada, conocido también como canon digital, ha sido aprobado este lunes por el Consejo de Ministros.
El Gobierno recupera así el modelo europeo y se adapta a la normativa comunitaria. Lo hace con un modelo acordado con las entidades de gestión y que consiste en que el pago de la copia privada recaiga en los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.
Aquellas personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, así como las entidades públicas, quedan exentas del pago.
Serán las entidades de gestión las encargadas, dice el Gobierno, de comunicar la facturación, además de la gestión de las excepciones de pago y reembolsos.
"El nuevo modelo aprobado hoy hace que el pago de la copia privada recaiga en los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción", explica el Ejecutivo, que señala que el Real Decreto-Ley aprobado este lunes "fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo".
El primer año tras la entrada en vigor de esta norma "se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores".
De este modo, por ejemplo, por un teléfono móvil o smart-phone los fabricantes abonarán 1,10 euros y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros.
Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado.
Las entidades de gestión, satisfechas
Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), han formado parte del acuerdo.
"Los autores, artistas, editores y productores españoles, a falta de una revisión a fondo del texto aprobado, consideran una
buena noticia que, a pesar de hacerlo con un año de retraso, el Gobierno adapte esta normativa al derecho comunitario, en línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 9 de junio de 2016 declaró ilegal el sistema español sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y del Tribunal Supremo de España, que el pasado 11 de noviembre lo declaró nulo", afirma ADEPI en un comunicado.
De acuerdo con esta asociación, el Real Decreto-Ley "soluciona la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los titulares de derechos".
Además, dicen, "corrige la definición y alcance del límite de copia privada, poniendo fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos".
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