Si no fuera porque, tras los años de plomo de Eta, se trata del mayor desafío a la democracia, habría que tomarse en broma los movimientos orquestales de políticos y periodistas sobre el amago de referéndum. Todos pontifican, pero nadie encuentran una solución. Tal vez, porque ya no la hay.
Desde siempre, desde que la secesión asomó el hocico, el diálogo ha resultado ser el el argumento más habitual entre los analistas patrios como panacea para resolver el embrollo. Según esa mayoría, el Gobierno tenía que "hacer política" para frenar la deriva independentista. El presidente del Gobierno estaba obligado a tomar un café con Artur Mas o Puigdemont y convencerlos con buenas palabras de que estaban equivocados.Y con este gesto, los dirigentes de la Generalidad hubieran hocicado. Es verdad, que Rajoy ha tirado la toalla demasiado pronto. Pero también es verdad que no se puede dialogar con un sordo. Y los dirigentes de la Generalidad no hablan con nadie que no admita sin rechistar su "derecho a decidir". Además, ya no pueden echarse atrás, entre otras cosas porque los fascistas de la CUP, los verdaderos amos del cotarro, no se lo permitirían. Y porque los dirigentes de la antigua CiU intentan tapar sus corruptas vergüenzas andorranas y del 3 por ciento con esta pantomima.
Pero la tesis del diálogo político sigue en vigor. Pedro Sánchez que habla mucho, aunque nadie le entienda, ha amenazado con aplicar "iniciativas legislativas" si Rajoy no llega antes de septiembre a un acuerdo con los dirigentes de la Generalidad. Como es habitual en él, no ha concretado las medidas y mucho menos, cómo piensa aplicarlas desde la tribuna de invitados del Congreso. Se supone que dentro de su otra genialidad política como es la "plurinacionalidad". Y se ha quedado más ancho que largo. Pablo Iglesias, que también opta por la equidistancia plurinacional, acusa al Gobierno de "criminalizar el referéndum". mientras defiende el derecho a decidir. Dos bobadas en una sola frase. Y ninguna capaz de resolver el problema. Pero sus acólitos se han roto las manos aplaudiéndole.
Mientras tanto Puigdemont y compañía no paran de amenazar con rayos y truenos desde el Parlament, desde algún teatro o desde TV3. Dicen que lo tienen todo preparado y que el 3 de octubre Cataluña se convertirá en una República independiente. Por las buenas o por las malas. Y que lo de la plurinacionalidad y demás zarandajas no va con ellos. Solo les vale romper con España.
Rajoy se limita a repetir que el referéndum no se celebrará. Aunque tampoco explica cómo lo impedirá. Y aquí comienza otro juego: el de las cábalas. Desde hace algún tiempo, son muchos los que animan al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que supondría suspender, aunque solo fuera parcialmente, la Autonomía de Cataluña, cuyas competencias asumiría el Gobierno. Que se sepa el presidente jamás ha aludido al artículo en cuestión; es más, fuentes de La Moncloa lo descartan. Ahora "El Mundo" ha publicado que el Gobierno aplicaría la Ley de Seguridad Nacional, que viene a ser lo mismo pero más descafeinado. Una especie de "intermediario", llamado "autoridad funcional" asumiría alguna de las competencias de la Generalidad en nombre del Ejecutivo. Mientras, otros muchos creen que el 1 de octubre habría que mandar a la Policía, autonómica o nacional, a retirar las urnas e impedir la votación. Sin descartar en ningún momento aplicar la ley inhabilitando, incluso encarcelando, a los dirigentes que promueven el golpe de Estado.
La gran incógnita, quizás el pulso final entre el Gobierno y la Generalidad se resume en una pregunta:¿Se instalarán las urnas, se abrirán los colegios electorales y los catalanes podrán votar? La guerra psicológica entre los "dos bandos" se libra ahora en este escenario, aunque en ningún caso tendrá validez el resultado de la consulta, por ilegal y chapucera. Y a medida que pasan los días, parece inevitable recurrir a las fuerzas de seguridad para cerrar los colegios electorales si el Gobierno está decidido a impedir que se celebre el "referéndum". Porque los secesionistas están dispuestos a llegar hasta el final.
Pero, en realidad, nadie sabe qué pasará. Solo hay una cosa segura. Las algaradas se extenderán por toda Cataluña. Los delincuentes de la CUP y muchos otros secesionistas radicales tomarán las calles durante días o semanas para denunciar la "represión". Tienen todo organizado para incendiar Barcelona. La batalla campal parece inevitable. No es un choque de trenes. Es un intento de golpe de Estado.
Los secesionistas saben que, con urnas o sin ellas, Cataluña no se va a independizar. Y tienen que agarrarse al clavo ardiendo del victimismo, que tan buenos resultados les ha dado siempre. Los vándalos de la CUP y otras hordas violentas montarán barricadas en el centro de Barcelona, lanzarán cócteles Molotov y provocarán a las fuerzas de seguridad para que se vean obligadas a actuar. Quieren lanzar el mensaje de que los héroes catalanes luchan a pecho descubierto por su libertad.Quieren pregonar que España aplasta la democracia, porque no les permite votar. Quieren que corra la sangre por Las Ramblas para pintar el cuadro de una guerra civil entre un Estado autoritario y un pueblo pacífico que batalla por sus derechos. Quieren lanzar el último órdago, porque saben que han perdido la partida. Quieren morir matando.
Si (
No(
