Como era de esperar, el Tribunal Constitucional declaraba ayer inconstitucional la partida presupuestaria destinada por el gobierno autonómico catalán a financiar la consulta ilegal, constituida con el objeto de “avanzar hacia la creación de un estado independiente”. La resolución llama la atención sobre algo de lo que incluso los propios nacionalistas catalanes son conscientes: la flagrante ilegalidad que supone crear estructuras paralelas a las de la Administración central.
Agencia tributaria y seguridad social catalanas, catálogo de infraestructuras, planes relativos a los sectores energético y de telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario, regulación exclusiva en materia portuaria y hasta la creación de un “Servicio Meteorológico de Cataluña” son solo algunos ejemplos del despropósito de Juntos por el Sí y la CUP.
Conviene recalcarlo una vez más: primero Artur Mas y ahora Carles Puigdemont saben a ciencia cierta que lo que pretenden es de todo punto ilegal. Más allá de que invada competencias exclusivas del Estado, ni el procedimiento ni nada de lo “regulado” tiene fundamento jurídico alguno. La idea, sin embargo, fue en su momento la de utilizar el fallo del TC como argumento victimista. Y a ello se pondrán desde hoy mismo. Será interesante ver la postura del PSC, cuya indefinición en todo lo relativo al procés tendrá que mutar en un posicionamiento claro a favor o en contra de la legalidad vigente.
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No(
