Luego de una nueva jornada histórica del pueblo venezolano el pasado domingo 16 de julio, en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y ante la ceguera ideológica, la soberbia y la intransigencia del gobierno de Nicolás Maduro, el cual se mantiene firme en su proyecto de imponer una Asamblea Constituyente ilegal e ilegítima, la comunidad internacional ha reaccionado de manera firme y contundente.
A pesar de las amenazas y de la censura, más de 7,6 millones de venezolanos, en una jornada que sienta un precedente a nivel mundial en el ejercicio de la soberanía popular y la participación ciudadana, rechazaron la propuesta de un gobierno deslegitimado por la sociedad, de convocar a una Asamblea Constituyente con el propósito de consolidar una dictadura y mantenerse en el poder en contra de la voluntad de más del 80% de la población.
Son incontables las declaraciones y pronunciamientos de diferentes gobiernos, organismos internacionales y de diversos sectores internacionales, reconociendo la significación de la inédita jornada democrática de ese día, llamando a la racionalidad democrática y exigiendo al gobierno de Maduro que escuche la expresión del pueblo, retire su convocatoria y atienda al mandato de los ciudadanos.
Ante la actitud que las autoridades han asumido frente a estos llamados, tal vez sea el momento de que la comunidad internacional evalúe la urgente aplicación de sanciones
políticas concretas al gobierno de Maduro por las violaciones de los derechos humanos y de la normativa internacional, y sean impuestas a individuos y empresas que colaboran con el régimen, particularmente en ilícitos internacionales como la corrupción en el manejo de los fondos públicos, el narcotráfico o el apoyo de grupos ilegales y terroristas, dejando claro que tales sanciones son en contra del gobierno y sus integrantes y en ningún caso del pueblo o la nación venezolana.
En este sentido, exhortamos al Mercosur a que retome el debate sobre su Cláusula Democrática en su próxima reunión del 20 y 21 de julio, toda vez que el Protocolo de
Ushuaia contempla en su Artículo 6 un conjunto de sanciones de diversa intensidad que podrían aplicarse al gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, las consecuencias que la realización de una Asamblea Constituyente podría tener para la preservación de la república en Venezuela, así como para la seguridad de
la región y la comunidad internacional en su conjunto, confirman la conveniencia de evaluar la eventual consideración del tema en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el formato conocido como la “Fórmula Arria”.
Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos de la región y del mundo para que continúen presionando por una negociación que abra el camino hacia un gobierno de
transición y la convocatoria a elecciones libres, universales, directas y secretas.
Si (
No(
