Aunque llevamos meses que parecen siglos dándole vueltas a la matraca del referéndum ilegal, la batalla entre el Gobierno y la Generalidad no ha hecho más que empezar. Queda lo sustancial: si el 1 de octubre se instalan las urnas para que voten los catalanes la independencia. Hasta Puigdemont sabe que, se vote o no, Cataluña seguirá formando parte de España. Pero hasta Rajoy sabe que si ese día se abren los colegios electorales con normalidad, como ocurrió el 9N, habrá perdido la partida.
De ahí, las escaramuzas de la Generalidad para ganar tiempo, mientras el Gobierno da pellizcos de monja al limitarse a recurrir al Tribunal Constitucional todo lo recurrible. Pero ya han declarado los independentistas que desacatarán las sentencias. Que para ellos no hay más ley que la que emana del Parlamento catalán. Y en este punto, todo sigue igual, nadie mueve ficha, aunque se llenen los medios de comunicación de amenazas de unos y otros, de apelaciones y recursos. Por este camino, el pulso final quedará en manos de las fuerzas de seguridad. Porque si los mossos no cumplieran la orden del Ministerio de Interior de impedir la apertura de los colegios electorales, el Gobierno se verá obligado a recurrir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Y esa es la foto que quieren los independentistas para justificar las manifestaciones, las algaradas violentas que ya tienen preparadas.
Pero a Puigdemont le queda una bala en la recámara para sortear a los tribunales y a las fuerzas de seguridad. Para tomar el pelo al Gobierno. Hasta el 8 de agosto, el presidente de la Generalidad tiene tiempo para convocar elecciones autonómicas el mismo 1 de octubre. En ese caso, tendría todas las de la ley para acceder al censo electoral, comprar urnas y abrir los colegios electorales. Solo debería instalar dos urnas en cada mesa electoral: una para las autonómicas y la otra para el maldito referéndum.
La CUP no quiere esta añagaza. Pretende llevar hasta el final el desafío. Y el Pdecat teme ser barrido por ERC en esas hipotéticas elecciones autonómicas. Pero Puigdemont, que ya ha anunciado que no se presentaría como candidato, podría presumir el resto de su vida de haber celebrado el referéndum contra viento y marea. Aunque pírrica, supondría una victoria en su currículum independentista.
El Gobierno ya está avisado de esta posibilidad. Aunque nadie sabe si está preparado para atajarlo. En Moncloa impera la ley del silencio. Y, en realidad, tampoco sabe nadie, ni Rajoy ni Puigdemont, cómo terminará esta siniestra batalla. Hasta el mismo día 1 de octubre puede saltar cualquier liebre. Dos urnas, una o ninguna. Ésa es la cuestión.
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