El pulso no solo se mantiene, sino que cada vez es más acusado. Nadie se baja del tren ni cambia de vía, así que, aunque se desconocen las consecuencias, el choque frontal parece garantizado. El tiempo se va agotando. Tanto que, aunque poco, este lunes puede cambiar el escenario. Pero a Carles Puigdemont le queda un último cartucho para celebrar un 1-O legal: como presidente autonómico, tiene la facultad de convocar elecciones en su comunidad.

Para llegar a tiempo a ese primero de octubre, tendría que llamar a las urnas este lunes, 7 de agosto. Un día después, el martes, se publicaría en el BOE el decreto de convocatoria, que “señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”, recoge el artículo 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Así las cosas, este lunes se acaba el plazo para llegar a la fecha fijada con garantía legal. No obstante, y previsiblemente, Puigdemont vestiría el anuncio de asfixiante presión desde Madrid y presentaría el proceso como un plebiscito sobre la independencia. O peor aún: no se descarta que el acceso a la estructura electoral (censo, urnas, colegios, etc.) se empleara para una consulta paralela. Dicho de otro modo: elecciones autonómicas legales como recoveco para una consulta secesionista ilegal.

El Gobierno, en alerta

De hecho, ya está en marcha la Ley del Referéndum de Autodeterminación, aquella que fue presentada en el Teatro Nacional de Cataluña. La misma que ha motivado una investigación de la Guardia Civil. Y que hace solo unos días llegó al Parlament: ahora solo falta que la Mesa la admita a trámite, algo que ocurrirá, previsiblemente, a mediados de agosto.

Es decir, si este lunes cambiase algo, empezarían de nuevo los problemas. Y si todo sigue igual porque no hay convocatoria electoral, todo se complicará: el desafío entrará en un punto de no retorno. El Gobierno, aunque de vacaciones, está en alerta: el presidente no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario el 16 de agosto.

No obstante, tanto el Ejecutivo central como los partidos constitucionalistas ven un adelanto de los comicios autonómicos como la mejor de las opciones. Al menos, a priori, si bien es cierto que España afronta una situación sin precedentes. Más allá de anunciar, la Moncloa espera que la Generalidad haga para actuar. Mientras tanto, unos y otros analizan la legislación y miden los tiempos. Los dirigentes independentistas garantizan que el 1 de octubre habrá urnas; el Gobierno, que no se votará en un referéndum. Puigdemont agota este lunes su último cartucho para un 1-O legal.