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SERVIRÍA PARA CREAR UN MARCO LEGAL ALTERNATIVO AL ESPAÑOL

Presentan la ley de ruptura y anuncian que la aprobarán antes del referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
lunes 28 de agosto de 2017, 09:21h
El PDeCAT cede ante la presión de sus socios de ERC y la CUP.

PDeCAT ha cedido ante las presiones de sus socios de ERC y la CUP y aprobará antes del eventual referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor inmediatamente el 2 de octubre. Así, Juntos por el Sí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica” para que este proceso siga adelante.

La proposición de ley para la "desconexión" con el Estado cuenta con 89 artículos y tres disposiciones finales, una de ellas de suspensión, de manera que tras su aprobación la ley no entraría en vigor a no ser que gane el 'sí' a la independencia en el referéndum previsto para el 1-O. El presidente del grupo de JxSí, Lluís Corominas, ha recalcado que esta ley de "ruptura" otorga un carácter "vinculante" al eventual referéndum soberanista, al tiempo que proporciona un "marco jurídico claro" y establece los pasos a seguir en el supuesto de una victoria del 'sí': "Lo que queremos es dar transparencia", ha dicho el presidente de JxSí.

La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto, es la principal "ley de desconexión" prevista por el Govern y los partidos independentistas, pues establecería el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el 'sí' a la independencia se impusiera en el referéndum ilegal que la Generalidad pretende celebrar el 1 de octubre.

Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del 'sí', tanto ERC como la CUP siempre han sido favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del 1-O. Finalmente, Puigdemont ha cedido.

Por su parte, el diputado de la CUP Benet Salellas ha resaltado que esta ley de ruptura "dinamita cualquier intento" de abrir un nuevo 'procesismo', que concluirá "de forma definitiva" si gana el 'sí' en el referéndum. "Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate 'procesista' sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana", ha precisado.

Salellas, asimismo, ha señalado que lo que hace esta ley es interpelar al conjunto de los catalanes, tanto a los partidarios del 'sí' como a los del 'no', para que vayan a votar el 1 de octubre.

Lo que dice la ley

La Ley de Transitoriedad contempla en su articulado el procedimiento para elaborar mediante participación ciudadana una eventual "constitución catalana", que Junts pel Sí y la CUP prevén que podría aprobarse en el plazo de un año si ganase el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre que pretenden celebrar. Dicha proposición de ley apunta que "una vez celebrado el referéndum y en caso de resultado favorable de la opción independentista, la Generalitat activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, para redactar y aprobar la Constitución de la República".

El proceso constituyente constaría así de tres fases sucesivas: una primera, de proceso participativo; una segunda, de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y una tercera, de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.

El proceso participativo tendría lugar, según dicha ley, durante los "seis meses posteriores a la proclamación de los resultados del referéndum" y constaría de un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial y la convocatoria de un "Foro Social Constituyente" formado por representantes de la sociedad y partidos políticos. Al mismo tiempo, el Govern creará, en ese supuesto, un consejo asesor formado por expertos académicos, catalanes e internacionales, para asesorar en esa fase deliberativa.

Y el Foro Social Constituyente, recogiendo los debates de esa fase, formularía un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de esa futura 'constitución', que deberán ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación, cuyo resultado constituirá un mandato que vincularía políticamente a la futura asamblea constituyente (el Parlament), que los articulará jurídicamente.

Acabado ese proceso participativo, "el presidente de la República disolverá el Parlament y convocará elecciones constituyentes", del que saldría una "Asamblea Constituyente" que se compondría del mismo número de miembros que el Parlament disuelto.

Esa "Asamblea Constituyente" dispondría de plenos poderes para redactar una propuesta de constitución, que se deberá aprobar por mayoría de 3/5 de los miembros del pleno; en caso de no ser así, será suficiente mayoría absoluta en una segunda votación; y ninguna de las decisiones de la asamblea "serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por otro poder, juzgado o tribunal".

Por último, una vez se aprobase la propuesta de la 'constitución', se someterá a referéndum y, de ser ratificada por la ciudadanía, se disolverá la Asamblea Constituyente de forma inmediata y se procederá a convocar elecciones para conformar el nuevo sistema institucional establecido por la nueva constitución.

Aunque Junts pel Sí y la CUP han asegurado no tener plazos exactos fijados, la diputada cupera Gabriela Serra ha explicado en la comparecencia ante los medios que un plazo de un año sería una "aproximación sensata" desde una eventual victoria del sí en el referéndum hasta la aprobación de la constitución y las elecciones posteriores.

Lo que prevé la ley

Por otro lado, el proyecto de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalidad sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

En la norma, el título V sobre "Poder Judicial y Administración de la Justicia" afirma: "Los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Por otro lado, la ley señala que el Ejército debería abandonar Cataluña, que se constituiría en "una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña", y cuyo "jefe de Estado" será el presidente de la Generalitat, según dicha ley.

También se explicita los requisitos para tener la nacionalidad catalana y que ello "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra", además de que "el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad".

La proposición de ley aún no registrada, con 89 artículos y que deja claro que sería la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" mientras no sea aprobada una "constitución catalana", establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.

También se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, el derecho internacional general y los tratados internacionales; y se explicita que el personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.

Se reconocería por otro lado el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, así como se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social; la Generalitat sería la única "autoridad" tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña; y la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado.

En derechos lingüísticos, "todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y ejercer el derecho de opción en relación a catalán, castellano y occitano".

Asimismo, la ley plantea aspectos como la composición de la Sindicatura Electoral de Cataluña; que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña; o que el Consejo de Garantías Estatutarias pasaría a ser Consejo de Garantías Democráticas y sería vinculante. Entre otros puntos, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern; se eliminaría la jurisdicción militar, que ya no existiría; y los jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, salvo renunciar a su integración.

Se crearían asimismo dos instituciones: la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo -similar al Consejo General del Poder Judicial- y una Comisión Mixta formada a partes iguales por miembros de la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo y del Govern de la Generalitat.

Por último, el Ejército español debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y debería abandonar Cataluña, mientras que la Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera; en cambio, no se explicita si una Cataluña independiente tendrá ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.

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