Por si había alguna duda, lo sucedido ayer demuestra a las claras que la Generalitat está secuestrada por los radicales que le imponen su agenda para conseguir con rapidez que se cumpla su secesionismos autocrático. Ayer, el PDeCAT cedió ante las presiones de sus socios de ERC y la CUP -sin cuyo apoyo Carles Puigdemont tendría los días contados como presidente del Gobierno autonómico., y presentó la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las “leyes de desconexión” prevista para que entre en funcionamiento inmediatamente después del 1 de octubre.
Después de la presentación, Junts per el Sí y la CUP llevarán la ley al Parlamento donde será aprobada sin problema antes de ese 1 de octubre, en el que, según sus intenciones, se celebrará el referéndum ilegal. Esta Ley de Transitoriedad es un absoluto dislate pseudojurídico con el que pretenden crear un marco legal alternativo al de todos los españoles, incluidos, naturalmente, los catalanes. Algo que atenta de manera directa contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña.
Pero los secesionistas desde hace tiempo, y sobre todo en los últimos meses, han entrado en una total espiral de ilegalidades, y en un escenario en el que han dinamitado el más mínimo atisbo de sentido común. En su enloquecida carrera hacia ninguna parte, intentaron incluso instrumentalizar la sangre derramada de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.
España se enfrenta al mayor desafío en los últimos años.. El Gobierno ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando se tramite en el Parlamento catalán. Pero hay que ser muy conscientes de que los secesionistas no van a retroceder ni un milímetro si no se actúa de manera firme y contundente. Ya no vale ningún tipo de paños calientes. El Gobierno ha de emplear todos los medios legales que tiene a su alcance, y no son pocos, incluido el artículo 155 de la Constitución. Ayer, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantuvieron una conversación en la que el líder del PSOE ofreció al Gobierno su respaldo para articular una posición conjunta. Esperemos que sea así. Las graves circunstancias en las que estamos exigen la máxima unidad de los constitucionalistas y la mayor contundencia en la respuesta.