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ACNUDH DENUNCIA VIOLACIONES FLAGRANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

La ONU culpa a Maduro de 46 muertes en las manifestaciones

Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) forcejean con un manifestante, durante las manifestaciones de abril, este año.
Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) forcejean con un manifestante, durante las manifestaciones de abril, este año. (Foto: EFE)
EL IMPARCIAL
miércoles 30 de agosto de 2017, 18:17h
Pide medidas ante los abusos y torturas en Venezuela.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha presentado un informe en el que se detallan los abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra la población durante las protestas que sacudieron el país entre abril y julio de este año.

En el curso de la investigación, que se basa en entrevistas con testigos y familiares, el estudio de documentos oficiales, el visionado de vídeos o el monitoreo de actividad en redes sociales, la ACNUDH asegura que se han producido "violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país".

Entre las violaciones de los derechos humanos que denuncia la ACNUDH figuran: el uso excesivo de la fuerza, las muertes violentas, las violaciones del derecho a la integridad física, los allanamientos ilegales y violentos y la destrucción de propiedad privada, las detenciones arbitrarias, la aplicación de la justicia militar a civiles, la violación del derecho a la reunión pacifica, la violación del derecho a la libertad de expresión, o los ataques y restricciones cometidos contra miembros de partidos de oposición, además de los posibles ataques cometidos por elementos armados progubernamentales.

"De las 124 muertes investigadas por el Ministerio Público, la ACNUDH concluyó que 46 eran manifestantes que presuntamente perdieron la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y que 27 eran manifestantes que perdieron la vida presuntamente por la acción de miembros de colectivos armados". Es decir, según la Oficina del Alto Comisionado, 46 personas habrían muerto como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Más concretamente la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a quien responsabilizan de "dirigir las operaciones y de emplear el grado de violencia más alto contra los manifestante”. Otras 27 personas —continúa el informe— fallecieron mientras se manifestaban a manos de grupos armados vinculados al régimen de Maduro.

Más represión

Pero la ACNUDH también imputa el régimen venezolano otras muchas vulneraciones de los derechos humanos, como por ejemplo los allanamientos ilegales, cuyo común denominador ha sido el uso de la fuerza —con tanquetas, gas lacrimógeno o perdigones— y la falta de orden judicial para efectuar tales registros.

Un caso de allanamiento ilegal especialmente violento que menciona el informe habría sido el de El Paraíso, un complejo de apartamentos donde viven unas 1.200 personas, en el lado oeste de Caracas. "El 13 de junio de 2017, de 6 a 9 de la mañana aproximadamente, unos 30-40 apartamentos fueron objeto de registro sin orden judicial. En la operación se produjo la destrucción generalizada de bienes y hubo 23 detenidos", señala el documento.

La tortura o los malos tratos a los detenidos son otro de los delitos que la ACNUDH atribuye al Gobierno venezolano: puñetazos, patadas, palos, intoxicaciones por gas y hasta electroshocks... Así era el día a día de los manifestantes. "A muchos detenidos entrevistados les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, con palos, barras de metal, alicates, cascos, bates de béisbol y armas", explica el documento.

"Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía ‘mójalo bien porque si no lo quemas. No aguantaba el dolor"

El informe recoge varios testimonios de algunas de las personas que tuvieron la mala suerte de caer en las garras de los policías: "Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía ‘mójalo bien porque si no lo quemas. No aguantaba el dolor", comenta un joven que fue sometido a interrogatorio. "Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento", explica otra víctima de los abusos.

Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento"

Y es que, al parecer, —siempre según el informe— el empleo de gases o productos químicos como forma de tortura se convirtió en una práctica generalizada, como explica otro testigo: "Los guardias lanzaban regularmente bombas lacrimógenas dentro del calabozo y tapaban las rejas de la puerta con una colchoneta para evitar que el gas saliera".

Las fuerzas de seguridad tampoco respetaron el derecho a un juicio justo y con frecuencia practicaron detenciones arbitrarias. Según la información proporcionada por la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron arrestadas en relación con las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017. Al 31 de julio seguían detenidas 1.383 personas

Según la ACNUDH el proceso de detención así como el posterior tratamiento del reo, fue tan ilegal como todo lo demás. Primero se detenía a manifestantes sin orden judicial, luego se mantenía a los presos incomunicados, sin poder avisar a sus familiares o a su abogado, tampoco se les presentaba ante el juez, y en muchos casos se les sustraían los bienes.

Huelga decir que ni los derechos de manifestación pacífica ni el de libertad de expresión fueron respetados. Al parecer, la actuación más normal era que la policía dispersara de forma automática a los manifestantes. Otras veces se cortaban líneas de metro o autobús para impedir que las personas pudieran reunirse. Y en los supuestos más graves, como el 8 de mayo de 2017, cuando los partidos de oposición organizaron una marcha hacia el Ministerio de Educación que contaría 12 puntos de reunión, simplemente se impidió el avance desde 8 de esos puntos.

El informe también recoge 554 violaciones de la libertad de expresión que afectaron a más de 400 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, que afectaron principalmente a reporteros y periodistas gráficos, más vulnerables por su sencilla identificación. En muchas ocasiones llegaron a confiscar, destruir o sustraer el equipo de los profesionales de la información.

A la vista de todos los abusos reportados, muchos empiezan a hablar ya de crímenes contra la humanidad, aunque desde la ONU son cautos: "Se necesitarán más investigaciones para determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad" pero "deseamos que sirva para la rendición de cuentas y como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de la Organización de Estados Americanos", apuntaba Hernan Vales, redactor del informe.

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