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LOS PARTIDOS FIJAN SUS ESTRATEGIAS PARA UN "OTOÑO CALIENTE"

El “desafío” soberanista catalán marca el rumbo del nuevo curso político

El “desafío” soberanista catalán marca el rumbo del nuevo curso político
EL IMPARCIAL
lunes 04 de septiembre de 2017, 08:01h
Casi cien leyes esperan a los diputados y senadores en un periodo de sesiones en el que tienen que salir los Presupuestos Generales para 2018.

Empieza el curso político y todos los partidos políticos empiezan a desarrollar desde este lunes sus estrategias con un punto marcado en rojo que va a centrar toda la atención: la convocatoria del referéndum soberanista catalán del 1 de octubre.

Este va a ser el gran reto para el Gobierno, en lo que se espera sea un "otoño caliente", sin olvidar que tiene que trabajarse los apoyos para sacar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero los órganos de dirección de todas las formaciones políticas aprovecharán que esta primera semana no hay actividad parlamentaria para reunirse y trabajar porque tendrán igualmente que tomar posiciones a este respecto.

De esta forma, el presidente del Gobierno y líder del PP preside una reunión de la Junta Directiva Nacional del partido donde sus máximos dirigentes van a preparar los pasos a seguir en el nuevo curso. Como es lógico, Mariano Rajoy pondrá especial atención a su respuesta a los movimientos del independentismo catalán.

Asistirán a la reunión, que se celebrará en la sede del partido de la madrileña calle Génova, la cúpula del PP, sus barones regionales y también de diputados y senadores.

También el PSOE reúne a la Ejecutiva Federal, que estará presidida por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, con el propósito principal de debatir la propuesta que se quiere lanzar ante la consulta soberanista catalana.

Se sabe que presentará una batería de medidas que será una "apuesta firme por el diálogo", "perfectamente compatible con la defensa de la legalidad" y en apoyo al Gobierno frente al "desafío" independentista siempre con la Constitución como límite.

Igualmente, Ciudadanos también debatirá con Albert Rivera presidiendo la reunión de la Ejecutiva los acuerdos alcanzados de cara al nuevo curso político, en el que ya han avanzado que registrarán este mismo lunes en el Congreso una iniciativa para limitar a ocho años de duración el mandato del jefe del Ejecutivo.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, presidirá del mismo modo la reunión del Consejo de Coordinación de la formación morada. Es previsible que se traten los mismos asuntos que en el resto fuerzas políticas, pero, además, tiene pendiente resolver la crisis interna que se ha generado por la aprobación de unos nuevos estatutos promovidos por la dirección y que han sido contestados por las comisiones de garantías autonómicas.

Hay que recordar que la Comisión de Garantías Estatal, presidida por Olga Jiménez, había propuesto también la nulidad de los nuevos estatutos porque incluía nuevas medidas disciplinarias que no figuraban en los documentos aprobados en Vistalegre II. Jiménez fue suspendida por excederse en sus funciones.

Un centenar de leyes en Congreso y Senado

Por otra parte, casi un centenar de leyes esperan a los diputados y senadores en sus escaños ecuando se reanude la actividad parlamentaria con un nuevo período de sesiones intenso y que verá si el Gobierno es capaz de revalidar apoyos para sacar adelante los presupuestos generales de 2018.

La negociación de las cuentas públicas marcará una agenda que incluye también otros seis proyectos de ley, entre ellos el de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía y el de trasposición de la directiva comunitaria en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, ambos en plazo de presentación de enmiendas.

Junto a los textos legislativos remitidos por el Gobierno a las Cortes, aguardan 86 proposiciones de ley planteadas en su mayoría por los grupos parlamentarios, especialmente por el PSOE y Unidos Podemos, que son autores de más de una treintena.

Del total de proposiciones de ley registradas, alrededor de veinte se encuentran aún en período de contestación por parte del Gobierno.

Esta fase en la que el Ejecutivo manifiesta su conformidad o no a la tramitación de leyes ha sido objeto durante el último período de sesiones de numerosas críticas de la oposición. Se acusa por esto al Gobierno en minoría de Mariano Rajoy de utilizar esta potestad constitucional para vetar sus iniciativas.

Sobre todo las que buscan derogar las grandes leyes puestas en marcha por el PP en la anterior legislatura, como la Lomce o la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Entre las que se encuentran en período de contestación, están la ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica y las de reforma de la leyes del estatuto orgánico del ministerio fiscal, de asistencia jurídica gratuita, del Código Penal Militar y de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo.

También la de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para la despenalización del derecho a huelga, así como la relacionada con las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y la sanción del abandono del lugar del accidente.

Solo dos de las 86 proposiciones no de ley que se encuentran actualmente en trámite en las Cortes están en el Senado: la de reformas urgentes del trabajo autónomo y la reguladora de los precursores de explosivos -sustancias que aun siendo legales pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos-.

En el Congreso, la comisión de Justicia e Interior es la que tiene más carga de trabajo con iniciativas dirigidas a derogar o modificar distintos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada "ley mordaza" por sus detractores.

La de Sanidad y Servicios Sociales debatirá sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas ante el proceso final de su vida y sobre la reforma de la ley de defensa de los consumidores, mientras que la de Educación y Deporte estudiará la suspensión del calendario de implantación de la ley educativa y la reforma de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

La actividad legislativa de los próximos meses se completará con la tramitación de varias iniciativas procedentes de las comunidades autónomas, como la modificación del régimen especial de Baleares, la reforma del régimen general de la Seguridad Social planteada por Navarra o la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto propuesta por el País Vasco.

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