Hacienda controlará las tarjetas de crédito del Govern

Nuevo movimiento del Gobierno en el desafío catalán. El Ministerio de Hacienda controlará el uso de las tarjetas de crédito de altos cargos de la Generalidad, según han informado fuentes de Hacienda. Cristóbal Montoro sigue aplicando las medidas que ya anunció el pasado viernes en el Consejo de Ministros para evitar la celebración del referéndum y, además, que la economía catalana se paralice, según explican desde este ministerio. La última, el acuerdo de no disponibilidad que tiene que presentar la Generalidad, a instancias del Ejecutivo central, en un plazo de 48 horas, el cual vence este martes.

En virtud de este último límite, la Generalidad no podrá llevar a cabo nuevos gastos y todos los que efectúe deberán estar debidamente acreditados, para garantizar que no se desvían fondos al referéndum del 1-O. Sin esta medida, los gastos con tarjeta de crédito realizados durante septiembre sólo se conocerían el próximo mes, es decir, una vez ya celebrado el referéndum ilegal.

Además, técnicos de Hacienda se han reunido hoy con representantes de los bancos que tienen algún tipo de relación con la Generalitat, así como con la la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para informarles del mecanismo de control de los pagos de la Generalidad y de su papel en este asunto. Con esa actuación, el Gobierno pretende que las entidades bancarias sean conscientes de su responsabilidad a la hora de evitar que desde las cuentas de las que es titular el Govern catalán se hagan desembolsos que puedan estar relacionados con la consulta.

Junto al acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, el Gobierno decidió el pasado viernes asumir el pago de los servicios esenciales, lo que incluye también el abono de las nóminas de los funcionarios catalanes. Para poder abonar este pago, Hacienda ha pedido a la Generalidad información sobre sus funcionarios, a fin de poder pagarles la nómina de este mes.

El Gobierno asumió también el pasado viernes los pagos correspondientes a los servicios públicos prioritarios como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Son precisamente estos desembolsos los que el Govern debe comunicar al Gobierno para su posterior pago.

Para que el Estado asuma también otros gastos considerados esenciales como lo son servicios penitenciarios, seguridad ciudadana, seguridad viaria, prevención y extinción de incendios y protección civil y las infraestructuras ferroviarias, entre otros. Para estos pagos, el interventor general de Cataluña deberá presentar un certificado al menos mensualmente la relación de los acreedores con los que la comunidad autónoma tiene pagos pendientes.