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REFERÉNDUM 1-O

La AN investigará como sedición los ataques del 20-S

La AN investigará como sedición los ataques del 20-S
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(Foto: Efe)
miércoles 27 de septiembre de 2017, 14:32h
Destrozaron coches e impidieron el paso a la Guardia Civil.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el viernes por la Fiscalía por los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente los ataques a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-0.

A apenas cuatro días del reférendum, Lamela ha asumido en un auto la competencia de la Audiencia Nacional en este caso al entender que el fin último de los disturbios parece ser la ruptura de la forma de Gobierno. Ha ordenado ya las primeras diligencias a la Guardia Civil y ha pedido un atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días, principalmente ante la sede de la Consejería de Economía a raíz de la detención de los dos más estrechos colaboradores del responsable de ese departamento, Oriol Junqueras.

La denuncia de la Fiscalía, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra nadie en concreto, pero menciona expresamente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixat, por llamar a la movilización "conscientes de que dificultarían la intervención policial".

Lamela explica que el tipo penal de la sedición del artículo 544 del Código Penal exige una conducta colectiva caracterizada por un "alzamiento tumultuario" dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Por ello, tal y como acontecieron los hechos, considera que lo ocurrido podría ser constitutivo de ese delito "con carácter provisional" y sería competencia de la Audiencia Nacional en tanto que lo sucedido "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno", un delito contra una alta institución del Estado, de los que este tribunal es competente.

El auto de la juez recoge cómo algunos de los congregados frente a la Consejería de Economía "pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil", impidieron a los agentes abandonar el edificio, procediendo a empujarles y a bloquearles la salida. Lamela asume así la tesis de la Fiscalía y es que la "finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales".

Al denunciar los hechos, la Fiscalía destacaba que se habían impulsado "movilizaciones generalizadas" "para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición", lo que sería constitutivo del delito de sedición, con penas de 8 a 15 años de cárcel, según los casos.
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